La Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares en Jaén da un paso más en su acción reivindicativa y ha presentado una denuncia en los Juzgados de Andújar por un posible caso de delitos contra la flora y fauna, además de prevaricación ambiental. Se interpone contra las empresas promotoras Greenalia y FRV Arroyadas, y la administración. Concretamente, contra el delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Jaén, Javier Calvente, quien firma las cartas de expropiación y la utilidad pública de los proyectos; y su homóloga en Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, María José Lara, que "da validez a los informes medioambientales presentados por estas empresas".
Rafael Alcalá, portavoz del colectivo, confirma a este medio que la denuncia, por la vía penal, se presentó el pasado 28 de enero. Ahora, están a la espera de saber si el juez la admite a trámite o no.
De esta manera, los afectados por los procesos de expropiación en favor de la construcción de varias plantas fotovoltaicas en los términos municipales jiennenses de Lopera, Arjona y Marmolejo piden que sea la Justicia la que medie en este conflicto. Además, avisan que la denuncia se ampliará a los ayuntamientos afectados según se vayan concediendo los permisos de obra. En el caso del Ayuntamiento de Lopera manifiestan que mediante declaración institucional han mostrado su oposición a estos proyectos y su negativa a conceder cualquier permiso dentro de su término a estos proyectos.
Desde la Plataforma se ha apuntado también que la empresa encargada del proyecto sigue llevando a cabo "ensayos en la zona sin tener aún los permisos de los ayuntamientos correspondientes" y que "campa a sus anchas" por parcelas colindantes, que no entran dentro de estos proyectos, "generando destrozos con maquinaria pesada que han sido denunciados ante la Guardia Civil".
Orígenes del movimiento
En julio de 2024 varios vecinos de Lopera y Arjonilla recibieron cartas en las que se les indican que parcelas de olivar de su propiedad iban a ser expropiadas en favor de la empresa Greenalia para la instalación de varios proyectos de plantas fotovoltaicas. Ante la incredulidad "y desamparo por parte de las administraciones públicas", se organizaron y dieron lugar a la Plataforma Campiña Norte.
Entienden que uno de los aspectos más importantes es la exposición pública del problema por lo que comenzaron campañas de movilizaciones y concentraciones en contra de estos proyectos que hoy perduran.