El magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos denunciada por Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- ha reclamado a la oficina de móviles dependiente de Justicia y de Hacienda los teléfonos que hubiese podido entregar el jefe del Ministerio Público desde el pasado marzo.
En un auto, recogido por Europa Press, el instructor Ángel Hurtado se dirige directamente a la oficina de móviles que depende de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Transformación Digital del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de la Dirección General de Racionalización y Centralización de contratación del Ministerio de Hacienda.
En concreto, solicita la "remisión (a través de su entrega a la fuerza actuante) de los dispositivos móviles que haya entregado (por desuso y por los anteriores cambios) D. Álvaro García Ortiz desde el 7 de marzo de 2024", día en el que se recibe en la Fiscalía General la primera dación de cuentas relativa a la investigación por presuntos delitos fiscales al novio de Díaz Ayuso.
El instructor ha acordado esta diligencia después de que el pasado enero el departamento de Informática de la Fiscalía General del Estado le contestara que no había recibido móvil alguno de García Ortiz desde el 7 de marzo de 2024 y que solo constaba que le había entregado un dispositivo el 24 de mayo.
Fue el pasado 22 de enero, cuando el magistrado ordenó al departamento de Informática del Ministerio Público que remitiese los dispositivos móviles entregados por García Ortiz desde marzo. En aquel momento, también pidió que informase sobre si los móviles anteriores del fiscal general habían sido formateados y, en caso afirmativo, reclamó la identidad de la persona que hubiese procedido al formateo y la fecha en la que dichos formateos se produjeron, así como el software utilizado.
Dicho departamento de la Fiscalía contestó que no sabía si se habían formateado o no los móviles del fiscal general porque no había recibido móvil alguno desde marzo de 2024. Ahora, el magistrado extiende la misma petición a la oficina de móviles dependiente de Justicia y Hacienda.
En el marco de la resolución dictada este mismo lunes, el instructor también reclama a dicha oficina la "relación de ocasiones que les conste en las que desde el 31 de mayo de 2023 García Ortiz haya cambiado de dispositivo móvil (teléfono), con indicación de los datos de referencia de cada terminal (IMEI, número de serie y modelo)".
Sobre este extremo, cabe recordar que, en su declaración como investigado, el fiscal general aseguró que había cambiado de móvil seis veces en cuatro años por razones de seguridad.
Además, el magistrado ha requerido a la Unidad de Informática de la Fiscalía General del Estado para que aporte el número de serie y cualquier otro dato identificativo específico del que disponga del terminal móvil Samsung A54 entregado el 24 de mayo de 2024 a García Ortiz.
Hurtado ha acordado esta diligencia a petición de la acusación particular, ejercida por el abogado de González Amador, que sostiene que de los informes aportados hasta ahora por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no se dispone de ningún dato específico identificativo del móvil entregado al fiscal general el pasado mayo.
LA QUEJA DEL FISCAL GENERAL
Por otro lado, en una providencia de este mismo lunes a la que ha tenido acceso Europa Press, el instructor accede a lo solicitado por González Amador y ordena remitir su último escrito a las demás partes, así como a la presidenta del TS y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, "para su toma de conocimiento".
En ese escrito, el novio de la presidenta madrileña acusó al fiscal general de "mentir" al CGPJ en su queja por la difusión de sus datos personales, con el objetivo de "denigrar" tanto al Supremo como a la UCO, al tiempo que pidió al instructor que requiriera a García Ortiz el teléfono móvil que cambió una semana después de que se le encausara.
El abogado de González Amador respondió a la petición de Hurtado, que emplazó a las partes a hacer alegaciones después de que García Ortiz denunciara ante el CGPJ, por un lado, que se habían difundido datos personales suyos y de otras personas por la notificación que hizo el TS de un informe de la UCO y sus anexos y, por otro, que la Guardia Civil había excedido el mandato judicial para elaborar dicho informe.
Respecto a esto último, reprochó que la UCO aportara al TS el tráfico de llamadas entrante y saliente de sus líneas de teléfono personal y oficial desde las 23.50 del 7 de marzo de 2024 hasta las 00.01 del día 15 de ese mes, cuando el juez fijó el marco temporal entre el 8 y el 14 de marzo; y que le entregara un registro excesivamente detallado de las conexiones de sus tarjetas a los terminales, sin cumplir tampoco el periodo de tiempo establecido, en este caso desde 2020 hasta el pasado 23 de octubre.
Hurtado trasladó la queja de García Ortiz a las partes para que, en su caso, formulasen alegaciones, "en la medida que pueda verse afectado su derecho a la tutela judicial efectiva, caso de tales datos que se han de incorporar al sumario, en virtud de lo acordado en una resolución jurisdiccional, fueran omitidos".
