Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, ha negado este miércoles haber realizado gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o empresas patrocinadoras para beneficiar a la esposa del presidente del Gobierno antes de la creación de la cátedra en octubre de 2020.
Fuentes jurídicas aseguran a Europa Press que así se ha pronunciado Álvarez en su declaración como investigada, en la que se ha ejercido su derecho a contestar únicamente a su abogado. La comparecencia ha durado 10 minutos.
La asesora de Gómez ha sido la primera en comparecer este miércoles en el marco de una tanda de interrogatorios que incluye a otras seis personas, todas testigos: otro cargo de Presidencia, dos de la Complutense, y los representantes de Google, Indra y Telefónica.
Según las fuentes consultadas, el abogado de Álvarez --el letrado José María de Pablo-- ha preguntado a su representada si hizo alguna gestión relacionada con la cátedra de la UCM antes de la firma del convenio de creación suscrito en octubre de 2020, en referencia a contactos, correos o reuniones.
Álvarez ha asegurado que antes de dicha firma no influyó sobre ningún trabajador de la Complutense ni de ninguna empresa patrocinadora --como Reale o Google-- para obtener nada para ella o para Gómez. Y ha insistido en que no se prevalió de su cargo para ninguna solicitud.
Además, la asesora de Moncloa ha señalado que no conocía a nadie de la UCM o de las empresas patrocinadoras antes de la firma del convenio para la creación de la cátedra.
Antes de empezar la declaración, la defensa de Álvarez ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, que se le informase formalmente de por qué se le investigaba en este procedimiento. Así, la comparecencia se ha retrasado unos minutos porque acudió presencialmente a la secretaría del juzgado para ser informada y, posteriormente, volvió a la sala de vistas en la que se celebró el interrogatorio.
LO QUE DIJO COMO TESTIGO
Cabe recordar que el pasado 20 de diciembre, en su declaración como testigo, Álvarez --que tenía obligación de contestar a todas las preguntas y decir la verdad-- explicó que se le había nombrado asesora para ayudar a la esposa de Pedro Sánchez con temas oficiales y privados. Señaló que conocía a Gómez desde hacía tiempo, que ella misma le había contactado para que trabajase en Moncloa como su persona de "confianza" y que no pasó por ningún proceso selectivo.
Según fuentes presentes en el interrogatorio, Álvarez reconoció haber enviado 'emails' relacionados con las actividades privadas de Gómez, así como haber mantenido conversaciones con el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM Juan Carlos Doadrio. Todo ello después de que se creara la cátedra.
En el marco de la comparecencia, se le exhibieron correos que obran en la causa en los que se aprecia que realizó gestiones para Gómez con dicha universidad. Ella aseguró que "solo estaba en copia para poder hacer la agenda" de la esposa del presidente.
En el sumario del procedimiento, al que ha tenido acceso Europa Press, consta uno de los correos electrónicos en los que María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero --miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM-- se dirigen a Álvarez para proporcionarle información sobre cómo registrar el dominio de la página web de un máster de la Complutense.
"Estimada Cristina, tal como hemos acordado hace un momento, te adjuntamos un modelo de 'contrato de cesión de derechos' a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tienen dicha vinculación", apuntaban Morillo y Vaquero a Álvarez el 6 de octubre de 2022.
Dicho correo fue enviado también a la propia Begoña Gómez y a Blanca de Juan, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva. En el 'email', además, consta un mensaje previo --de 7 de septiembre-- en el que se adjunta un formulario interno que debían cumplimentar para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.
Aunque en este caso Álvarez aparece en copia con un 'email' de una cuenta personal, en una cadena de correos electrónicos recogida en el sumario de la causa figura con una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno, donde firma como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia.
En otro correo recogido en el sumario, se refleja que Álvarez también trasladó a Reale en febrero de 2024 el interés de Gómez en que la empresa aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía.
En esta causa se investiga si Begoña Gómez cometió un delito de apropiación indebida al inscribir a su favor la marca de dicho máster y, posteriormente, el software que fue financiado por empresas. También se indaga en si habría elaborado los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación --por parte del Rectorado de la UCM-- del servicio de asistencia y asesoría técnica para la creación de dicho software, lo que podría ser constitutivo de un delito de intrusismo.
SU DEFENSA RECURRIÓ LA IMPUTACIÓN
Aunque el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid descartó en un principio imputar a Álvarez, cambió su situación procesal este febrero para investigar su presunta participación en hechos que podrían ser constitutivos de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, delitos por los que ya está investigada Begoña Gómez.
Álvarez es la cuarta persona que resulta imputada tras declarar como testigo en el marco de esta causa: lo mismo le pasó al empresario Juan Carlos Barrabés, al rector de la UCM Joaquín Goyache y al directivo del IE Juan José Güemes.
Además de acordar la citación de este miércoles, a las 9.30 horas, el juez ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil obtener el registro de llamadas telefónicas recibidas por Álvarez.
En concreto, con números vinculados a Barrabés y su grupo empresarial, a la UCM y a otras entidades como el IE, el IE-Africa Center, la Organización Mundial del Turismo, Indra, Google, Telefónica, Reale Seguros, Fundación Caixa, Fundación Manpower y Arsys Internet; así como "con cualquier otra entidad o mercantil que patrocinara los másters o cátedras en las que participó la señora Gómez".
La defensa de Álvarez presentó un recurso contra la decisión del juez al considerar que éste le tendió "una trampa" al utilizar su declaración como testigo para imputarla. "Es imposible conocer qué hecho concreto se atribuye a mi patrocinada", señaló su abogado, José María de Pablo, en el escrito al que tuvo acceso Europa Press.
