Diez años después de que la
Junta concediera al grupo
México-Minorbis la explotación de la mina de
Aznalcóllar, en
pleno proceso de autorización de los trabajos mineros a Minera Los Frailes, la Audiencia de Sevilla
dilucida por fin si hubo causa penal en la adjudicación de los derechos, una causa que suma 16 investigados, 31 tomos con casi 15.000 páginas y dos archivos previos.
La
Sección Tercera de la Audiencia comenzará este lunes con las
cuestiones previas una causa que inició
Emerita-Forbes Manhattan, que pujó sin éxito por los derechos de Aznalcóllar, y a la que se sumaron
Ecologistas en Acción y Andalucía Mining como acusaciones particulares, pero que no cuenta con acusación pública, puesto que
la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa y la absolución de los acusados al no apreciar delito fiscal.
Además de las acusaciones, en las dos primeras jornadas se pronunciarán las
defensas de los acusados y las entidades reclamadas como responsables civiles subsidiarias, la Junta , Minorbis y Grupo México, su sociedad instrumental Minera Los Frailes y AMC Mining Ibreria.
No será hasta el
31 de marzo cuando comiencen a
declarar los acusados, aunque ya hay
tres que han pedido hacerlo tras las pruebas testificales y periciales, por lo que lo harán el 25 de junio. Serán el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero, entonces secretario general de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta, María José Asensio Coto, y Juan José García Bartolomé, exgerente de la sociedad de capital de riesgo Invercaria.
Entre los otros acusados se encuentran hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; los funcionarios de la Junta Pastora Sánchez de la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta, todos por su papel en la mesa de contratación
Hasta el 8 de julio se extenderán las declaraciones de acusados y testigos, entre los que se encuentran los que fueran consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado; su delegada territorial, Aurora Cosano, y el actual presidente de la CHG, Joaquín Páez, entre otros, al margen de numerosos peritos, incluida la Intervención General de la Administración del Estado que emitió un favorable a la adjudicación.
Las actuaciones de este caso están conformadas por
31 tomos que suman un total de “14.221 páginas”, tres cajas de archivador, “tres baúles de madera grandes” y un disco duro de dos terabytes de capacidad.
En
octubre de 2021 y tras dos sobreseimientos previos que rechazó la Audiencia provincial, entre cuyos miembros se encuentra la magistrada Mercedes Alaya,
la jueza instructora Patricia Fernández Franco acordó la
apertura del juicio oral contra los 16 acusados, en los que tuvo que incluir a los miembros de la mesa de contratación, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental.
También acordó, para "salvaguardar todas las garantías procesales", fijar la
condición de responsables civiles a la Junta y los representantes legales de Minorbis, Grupo México y Minera Los Frailes (sociedad creada por las dos anteriores para explotar Aznalcóllar), “cifrando los daños y perjuicios ocasionados en 7.195.426 euros”.
