Grupo Baraka, presidido por Trinitario Casanova, decidió en 2018 apoyar y ponerse al lado del grupo de los reversionistas afectados por los terrenos de la ‘Operación Chamartín’, iniciando una batalla legal para defender sus derechos. Después de diferentes iniciativas judiciales, De este modo, Baraka envió hace unas semanas una carta tanto a los supervisores estadounidenses de la SEC y la CNMV en España, donde explicaba y alertaba que BBVA se había adjudicado un incremento patrimonial de 1.000 millones de euros después de adquirir en diciembre los terrenos a ADIF, pero sin anotar ningún tipo de provisión por los derechos de reversión de más de mil familias.
Además, Baraka, ante las informaciones de que BBVA habría encargado a Rotschild vender parte de su participación en CREA, envió un burofax al banco de inversión advirtiendo de la reclamación en curso en los juzgados y los derechos de los reversionistas.
Hay que recordar que, la llamada ‘Operación Chamartín’ lleva décadas atascada y años judicializada en parte por la reclamación de los derechos de reversión de más de 1.000 familias humildes que, agrupadas en la asociación ‘No abuso’ mantienen su lucha contra gigantes como BBVA o Adif.
Según publica El Confidencial, los derechos de reversión son una vieja reclamación de los propietarios originales de los terrenos donde se levanta la estación de Chamartín, a quien el Gobierno expropió para hacer la infraestructura en 1975. Al cambiar el uso y vender los terrenos para hacer viviendas, oficinas y comercios, estos antiguos propietarios defienden su derecho a recuperar la propiedad de los terrenos o ser indemnizados con un justiprecio, privilegio que un supuesto dictamen de 2022 de la abogacía del Estado, primero desaparecido e inexistente y hace pocos meses aparecido en los juzgados, negaba. Pero finalmente, no era así ya que en el informe ‘fantasma’ la abogacía defiende que "las modificaciones contractuales que se introduzcan sobre esta materia deberían prever la necesaria constancia escrituraria y registral de la situación litigiosa de los bienes objeto de un procedimiento o proceso de reversión cuando se proceda a transmitirlos por Renfe (hoy Adif) a DUCH (CREA Madrid Nuevo Norte)".
En 1993 el Gobierno, con Josep Borrell como ministro de Fometo, adjudicó a la sociedad DUCH (participada en su mayoría por el banco Argentaria, que hoy es parte de BBVA, y por el grupo constructor San José).
En la elección de DUCH aceptaba una cláusula por la que se comprometía a "asumir las consecuencias jurídicas y económicas que pudieran derivarse" de los procedimientos de reversión. Estas consecuencias son han vuelto ahora contra BBVA, dueño del 75% del proyecto, ya que, si los reversionistas consiguen su reconocimiento, se enfrentaría a pagar alrededor de 1.000 millones de euros.
En 1993, momento en el que Duch se adjudicó la concesión de la Operación Chamartín, regía en España la Ley de Expropiación de 1954, que reconocía el derecho de reversión sin importar el tiempo que pasara. Pero esta ley se modificó en 1999 con la Ley de Ordenación de la Edificación, que limitaba el alcance de los derechos de reversión.
En este punto redica en gran parte el enfrentamiento y la reclamación de los reversionistas, ya que estos, agrupados en la Asociación No Abuso, presentaron la solicitud del ejercicio del derecho de reversión justo unos días ante de entrar en vigor la ley de 1999. Con esto, defienden que se les debería aplicar la ley anterior de 1954.
