El Tribunal Constitucional (TC) no ha logrado cerrar un acuerdo sobre el debate que planteó su presidente, Cándido Conde-Pumpido, al cuestionar que la Audiencia Provincial de Sevilla pueda acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para desoír las sentencias de los ERE que absolvieron a una decena de condenados, debido a la división interna. No obstante, si en algo han coincidido los demás magistrados es en que no se podía frenar la vía europea, según fuentes jurídicas.
Al término del Pleno celebrado esta semana, el TC ha informado de que, tras varios días de deliberaciones sobre la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ante el TJUE, por un caso relativo a VTC, y sobre la intención de la Audiencia Provincial de Sevilla de hacer lo mismo por el 'caso ERE', "no se ha adoptado decisión alguna".
No obstante, la nota oficial ha añadido que "la reflexión continúa sobre un tema complejo y en evolución". "Por tanto, el debate sigue abierto, entre las preocupaciones del Tribunal" Constitucional, ha afirmado.
Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press aclaran que esa coletilla alude en realidad a la compleja relación entre el derecho nacional y el comunitario, descartando que sea una puerta abierta a poder actuar más adelante en los dos asuntos analizados.
De hecho, algunas voces han expresado su malestar por ese comunicado porque creen que, dado que "lo último que había quedado sobre la mesa era una amenaza", la de impedir que esos dos tribunales acudieran al TJUE, era necesario dejar claro que el TC "ni va a hacer nada ahora ni en el futuro".
En este sentido, interpretan ese mensaje oficial como "una forma de intentar salvar la cara" por parte de Conde-Pumpido, puesto que fue él quien suscitó el debate con la intención de adoptar medidas que contaran, al menos, con el respaldo de la mayoría progresista y no ha sido así.
La polémica se desató tras conocerse, el 19 de marzo, que la Audiencia de Sevilla había dictado una providencia anunciando su disposición a formular una cuestión prejudicial al TJUE, al entender que el TC se ha "extralimitado" por la "interpretación alternativa" que hizo de los delitos de prevaricación y malversación que permitieron absolver, entre otros, a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Días después, durante la reunión de la Sala Primera del TC celebrada el 24 de marzo, Conde-Pumpido trasladó a sus compañeros sus dudas sobre la posibilidad de que los jueces y tribunales españoles puedan ir a la corte de Luxemburgo para cuestionar las sentencias del Constitucional, y lo hizo aludiendo al caso del TSJM pero apuntando también a los ERE.
Al día siguiente, el asunto se abordó en el Pleno previsto, a pesar de que no constaba en el orden del día, y ante el desconcierto entre varios magistrados. De acuerdo con fuentes conocedoras de dicho debate, en ese momento la postura de Conde-Pumpido ya contó con pocos apoyos.
Las posiciones fluctuaron desde quienes consideraron incuestionable --"de primero de derecho UE"-- que los jueces y tribunales pueden preguntar al TJUE sus dudas sobre la aplicación de las normas comunitarias al caso concreto, hasta quienes abogaron por defender la jurisdicción del TC en la ejecución de sus sentencias.
Esa "primera aproximación" a lo que el propio TC tachó de "conflicto" entre "la obligación de cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional" y "el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE" comenzó ese martes y continuó el miércoles. En esa segunda jornada, la postura del propio Conde-Pumpido se vio matizada, al hablar ya de la búsqueda de una solución de consenso.
Con la expectativa de zanjar el tema, el presidente del TC lo incluyó en el orden del día del Pleno que se ha celebrado esta semana como un "debate jurídico". La vicepresidenta del TC, la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, y el magistrado conservador Ricardo Enríquez figuraban como ponentes de los casos analizados pero, en contra de lo que es habitual, ninguno aportó ponencia.
Todos los informes en contra
El Pleno sí ha contado, en cambio, con una ristra de informes, incluidos dos de Conde-Pumpido, que concluyeron en la misma línea: no se puede impedir que los jueces y tribunales consulten al TJUE, aunque se trate de sentencias del TC que 'a priori' deben ejecutar. Algunos informes advertían de que el simple debate en el seno de la corte de garantías podía suponer ya una injerencia en la independencia judicial constitutiva de sanción por parte de la UE.
Así las cosas, desde la sede de Domenico Scarlatti anticipaban un "debate abierto" limitado a un mero intercambio de opiniones. Desde la semana pasada, las fuentes consultadas descartaban tajantemente "interferir, ni mucho menos anular", las providencias analizadas.
En este sentido, uno de los informes encargados por Conde-Pumpido decía que "la prudencia y el respeto institucional al ámbito competencial de las distintas jurisdicciones impiden sugerir ningún tipo de actuación por parte del TC en una tesitura como la abierta" por el TSJM y la Audiencia de Sevilla.
El propio Conde-Pumpido lo verbalizó en un desayuno informativo celebrado el pasado lunes en el Ateneo de Madrid. Entonces, aclaró que el TC no impediría ninguna pregunta al TJUE, si bien defendió que "tiene la obligación de reflexionar" sobre un "asunto novedoso", dado que --explicó-- las cuestiones prejudiciales se habían planteado siempre antes de que hubiera sentencia y en ambos casos no solo las hay sino que son del Constitucional, que agota el 'iter' nacional.
"Lío" interno por una iniciativa "personalísima"
En la tercera jornada de debate formal, el pasado martes, dio tiempo a que cinco magistrados expusieran sus puntos de vista, entre ellos Concepción Espejel, enmarcada en la minoría conservadora del TC. Esta última reprochó a Conde-Pumpido que hubiera actuado de manera unilateral al requerir sendas providencias antes de consultar al Pleno, algo que comparten algunos de sus compañeros, que achacan este "lío" interno a una iniciativa "personalísima" del magistrado progresista.
La intervención de Espejel provocó un enfrentamiento con el presidente del TC que varias fuentes califican de "desagradable" --"fue una salida de tono"-- y que ha dado lugar a que, al inicio de la sesión de este miércoles, Conde-Pumpido se disculpara.
En esta última jornada, algunos magistrados del ala progresista han intentado sacar adelante una declaración institucional pero no han obtenido el respaldo de sus colegas, tanto conservadores como otros progresistas, al estimar que el asunto no lo merecía porque no se estaba ante un "ataque" externo al TC sino ante una discusión interna.
El único consenso ha sido el alcanzado en torno a dos cuestiones: que el Constitucional "no puede ni debe interferir" en la actuación de los jueces y tribunales españoles ante la corte de Luxemburgo; y que hay un "problema" derivado de la coexistencia de dos ordenamientos jurídicos --el nacional y el comunitario-- por las fricciones que genera el hecho de que el TC sea el máximo intérprete de la Constitución y el TJUE, del derecho UE, teniendo éste primacía.
Así las cosas, en Domenico Scarlatti queda un "sabor amargo" por las tensiones a las que se ha sometido al TC --el propio Conde-Pumpido habló en el Ateneo de Madrid de un "juicio paralelo" en la prensa--. "Nos podíamos haber ahorrado este disgusto", lamentan algunos.
