El jerezano Antonio Delgado, considerado uno de los 40 jóvenes referentes en ciberseguridad a nivel mundial por la revista Top Cyber Newa Magazine, lamenta la doble vara de medir de la administración pública respecto a la ciberseguridad.

En declaraciones a VIVA CÁDIZ, apunta que, “mientras que incumple la normativa” aprobada en 2010 para blindar la información en sus sitios web, “se muestran estrictas con el cumplimiento de la misma a sus proveedores” privados. Para Delgado, esta situación se produce porque “no hay sanciones”.

 Si bien están contempladas en la legislación, tal y como evidencia el informe elaborado para este medio por Ana Ros, auditora líder en ISO 27001 por AENOR y consultora en ENS, “los ayuntamientos hacen caso omiso a sus obligaciones y no pasa nada”. “Ni siquiera es falta de voluntad, es que no hay castigo”, insiste.

La situación, en cualquier caso, es seria. Ante la falta de medidas que garanticen la ciberseguridad, “el riesgo de robo de información para estafas, suplantación de identidad o spam crece”. Datos personales ligados al padrón del pago de impuestos como el IBI o la circulación, licencias de obras, padrones municipales o asuntos relacionados con servicios sociales, quedan a merced de los delincuentes.

“Los ayuntamientos deben defender a los ciudadanos”, concluye.