La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este lunes una nueva sesión del juicio por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la adjudicación de la explotación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis; con la comparecencia como testigo del geólogo Joaquín Merino, presidente de la empresa Emerita Resources España, denunciante del caso tras pujar sin éxito por los derechos de gestión de este recinto minero.
Durante su comparecencia como testigo, el presidente de la empresa Emerita Resources España ha asegurado que la Junta de Andalucía incurrió supuestamente en una constante "falta de información" como promotora del concurso promovido para adjudicar los nuevos derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, marcada por la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales cuando el recinto era explotado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
Por ejemplo, Joaquín Merino ha señalado que el procedimiento carecía de "formato" concreto o "guía" para el diseño de los proyectos de actuación o que los criterios del concurso eran "ambiguos en cierta medida", extremo en el que ha insistido.
Tal situación, según su declaración, derivó en que el lanzamiento del concurso cosechase "muy poca participación" empresarial, concurriendo exclusivamente las ofertas de Minorbis, filial del grupo andaluz Magtel que pujaba con el apoyo de solvencia de Grupo México; y de Emerita Resources, perteneciente al fondo de inversión Forbes & Manhattan y que tras no ganar el concurso denunció el asunto por la vía Penal, asegurando que su propuesta era superior en lo económico; así como también por lo Contencioso Administrativo.
En ese marco, el presidente de Emerita Resources España ha repasado las diferentes fases del concurso público y sus gestiones y contactos con la Administración autonómica a la hora de pergeñar la oferta de su entidad, asegurando que hasta en tres ocasiones, el presidente de Magtel y acusado en este juicio, Mario López Magdaleno, le habría propuesto un "acuerdo" o un "entendimiento" entre ambas partes, bajo la premisa de que Grupo México no estaba mostrando verdadero "interés" en el procedimiento y a Magtel, matriz de Minorbis, le "venía grande" el concurso.
EL "MATRIMONIO" ENTRE MINORBIS Y GRUPO MÉXICO
Es más, ha asegurado que en diferentes ocasiones, la entonces directora general de Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio Coto, acusada en este juicio, habría preguntado a ambas partes si era "factible algún tipo de acuerdo" o de "entendimiento" entre Minorbis y Emerita Resources España. Y es que según ha considerado, a su entender la responsable autonómica de minas veía la alianza entre Minorbis y Grupo México como un "matrimonio que no iba a pasar de la noche de bodas".
Y especialmente, el presidente de Emerita Resources ha aludido a diferentes y supuestos "niveles de extorsión" por parte del presidente de Magtel durante el concurso por los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar; asegurando además que el procedimiento estuvo marcado por un "sesgo" o "favoritismo" en pro de la oferta de Minorbis, filial del grupo andaluz Magtel; si bien ha reconocido que durante el proceso Emerita no interpuso denuncia alguna ni impugnación administrativa o contenciosa y que sus acciones judiciales comenzaron tras la adjudicación de la concesión a Minorbis. La empresa, según ha defendido, estaba esperando acontecimientos.
Así, el presidente de Emerita ha alertado de que en el concurso figuraban "puntuaciones sujetas al criterio" propio de los funcionarios participantes en la comisión técnica del mismo, mientras los funcionarios de la Junta de Andalucía acusados en este juicio han negado en sus comparecencias que recibiesen indicaciones previas o directrices sobre el resultado del proceso de evaluación de las ofertas que concurrían, defendiendo que la concesión minera fue encomendada a "la mejor" oferta.
LOS CRITERIOS INICIALES
Los citados funcionarios, además, esgrimían que no introdujeron aspectos novedosos en los criterios planteados a la hora de abrir el concurso público y que carecían de nexo alguno con Minorbis, extremo que ha admitido este testigo cuya empresa es la denunciante del asunto.
Y ante la pregunta de si la supuesta "ambigüedad" que él mismo había atribuido a algunos criterios del concurso pudiera responder a un "propósito" prefijado, este testigo ha respondido primero que sí y después que no lo sabría especificar.
Eso sí, Joaquín Merino ha considerado que entre los funcionarios de la Junta de Andalucía no había personal con suficiente "cualificación" o formación especializada para evaluar en todos sus términos el proyecto planteado por Emerita Resources, que según ha defendido estaba ceñido a "los mejores estándares" y respondía a supuestos de "factibilidad" frente a la propuesta "conceptual" de Minorbis.
Al respecto, ha asegurado que después de resultar adjudicataria de los derechos de explotación de la mina, Minorbis ha modificado sustancialmente el proyecto técnico con el que concurrió al concurso.
EL PROYECTO DE EMERITA
Especialmente, ha defendido que Emerita Resources España planteaba una inversión comprometida de 640 millones de euros frente a los 304 de la propuesta de Minorbis; con 375 millones de euros en concepto de "mejoras" sociales y laborales durante 25 años mientras el proyecto de Minorbis limitaba tal aspecto a "27 millones"; toda vez que los funcionarios acusados en este juicio defendían en sus comparecencias que entre los 15 criterios principales del concurso, sólo cuatro se ceñían a los aspectos económicos.
Los aspectos de ámbito ambiental, según argumentaba una de estas personas, tenían un peso "altísimo" en el baremo, dada la catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero.
Entre los acusados del juicio, cabe recordarlo, figuran los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto y diferentes funcionarios de la Junta, como miembros de la comisión técnica del concurso o la mesa de contratación.
LOS DOS SOBRESEIMIENTOS DEL CASO
Recordemos también que merced a las peticiones de la Fiscalía, la jueza instructora de la denuncia inicial de Emerita, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación al no apreciar delito alguno.
Pero tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares contra tales decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya; instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias, cristalizadas ahora en el citado juicio.
