Siete ayuntamientos de la provincia, Jaén capital, Campillo de Arenas, Jamilena, Marmolejo, Orcera, La Puerta de Segura y Torres de Albanchez, se van a beneficiar de la mejora de las condiciones del Fondo de Financiación que han incorporado el Gobierno de España para garantizar la sostenibilidad financiera de dichos consistorios. La medida fue anunciada hace menos de un mes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Estas medidas beneficiarán a 85 municipios de toda España, mientras que el capital pendiente de los créditos que se vería beneficiado por la medida asciende a más de 4.223 millones de euros. Son de carácter voluntario y se suman al conjunto de mecanismos y actuaciones que el Ejecutivo ha ido poniendo en marcha en estos años para mejorar la situación financiera de los ayuntamientos con más problemas financieros, tanto para mejorar su liquidez como para reducir los plazos en los pagos a proveedores.
Jaén Merece Más valora que el Gobierno de España formalice estas medidas. El portavoz del Grupo Municipal, Luis García Millán, califica de "fundamental" la medida para el buen funcionamiento del Ayuntamiento. "Representa la primera oportunidad en décadas de revertir las nefastas gestiones que han llevado a este consistorio a liderar la deuda por habitante”, confiesa.
Mismo sentir del subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, "El Gobierno de España muestra una vez más su respaldo a las entidades locales y está actuando, revisando las condiciones financieras de las operaciones pendientes de ayuntamientos y dando respuesta a sus necesidades sea cual sea su signo político", ha subrayado, en un comunicado. Y es que lo que se pretende posibilitar la sostenibilidad financiera de las entidades beneficiarias aplicando el mismo planteamiento de los planes de sostenibilidad financiera que se aprobaron en los acuerdos de la Comisión Delegada de 2023 y 2024, mejorando las condiciones de los préstamos.
Asimismo, dentro del marco de revisión de las condiciones financieras que serán aplicables a las operaciones de préstamo vigentes con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2024, se contempla una ampliación del plazo de amortización de los préstamos vigentes del citado Fondo de Financiación en diez años adicionales al actual año de vencimiento.
Este plazo será de 20 años para los municipios que tienen un tipo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) superior al 0,8 por ciento. Estas medidas tendrán como límite el 31 de octubre de 2070. Además, se suprimirán los períodos de carencia que estén vigentes antes de la aplicación de este acuerdo. La amortización de principal se iniciará el 31 de octubre de 2026 y, se extenderá, como máximo, hasta 31 de octubre de 2070.
Se establece un sistema de amortización con cuotas crecientes, lo que permitirá a los ayuntamientos generar ahorros para afrontar futuros vencimientos, al mismo tiempo que se reduce deuda financiera. Esa ampliación de los plazos de amortización supondrá una reducción de las cuotas anuales, es decir, cada ejercicio la cuota a pagar por los préstamos será inferior a la que venían abonando.
Por otro lado, podrán sustituirse por préstamos las cancelaciones por parte de los ayuntamientos mediante retenciones en su Participación en Tributos del Estado (PTE) para compensar las deudas que mantienen con cargo al compartimento Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores de Entidades Locales o al Fondo de Ordenación, al no haber formalizado, en su momento, los préstamos correspondientes de acuerdo con los procedimientos de pagos a proveedores aprobados.
Los ayuntamientos podrán sustituir ese mecanismo de cancelación por la suscripción de un préstamo con cargo al Fondo de Ordenación. Los préstamos se formalizarían por importe equivalente al saldo vivo de la deuda que mantengan con esos compartimentos del Fondo de Financiación. El plazo de amortización de ese nuevo préstamo también sería hasta 31 de octubre de 2060 o de 2070.
En el caso de que los ayuntamientos no aprueben la formalización de los préstamos se mantendrá la aplicación de la modalidad de cancelación mediante retenciones de la Participación en Tributos del Estado. En ambos casos, se instruye al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la gestión financiera de la medida aprobada por este acuerdo.
Tanto para la modificación de los préstamos formalizados como para la formalización de los préstamos que sustituyan al mecanismo de cancelación de deudas mediante la aplicación de retenciones de la PTE, se requerirá acuerdo del pleno del ayuntamiento por mayoría simple.
Previamente, los ayuntamientos que no estuvieran sujetos a un plan de sostenibilidad financiera deberán presentarlo y ser aceptado por el Ministerio. Los ayuntamientos que ya estén sujetos a un plan de sostenibilidad financiera mantendrán esos planes aprobados en 2023 o en 2024 y vigentes, si bien éstos se adaptarán teniendo en cuenta las condiciones financieras revisadas en este nuevo acuerdo.
Asimismo, la evaluación por parte del Ministerio de Hacienda del cumplimiento de esos planes de sostenibilidad financiera ya aprobados previamente se desplazará al primer semestre de 2027.
