La Fiscalía Provincial de Granada ha pedido penas de tres años de prisión, multas de 3.600 euros y seis años de pérdida de posibilidad de percibir subvenciones o beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social para quince acusados por haber participado en la supuesta "elaboración ficticia de contratos de trabajo a ciudadanos españoles y extranjeros" de la que se habrían beneficiado.

Dos empresas de seguros dadas de alta en julio de 1998 y mayo de 2005 con domicilio en el Camino de Ronda de la capital granadina y con uno de los acusados como administrador único al parecer "venían dedicándose, al menos desde el mes de marzo de 2016" a dicha "elaboración ficticia" de contratos, según detalla el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Lo hacían supuestamente "a cambio de una remuneración económica no exactamente determinada al objeto de que fueran destinados bien al cobro de determinadas prestaciones de la Seguridad Social por desempleo, bien a ser utilizados para la obtención de determinados permisos de trabajo, residencia en territorio español o agrupamiento familiar".

Por ello hay quince procesados de nacionalidades española, rusa, marroquí o senegalesa por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social, que está previsto sean enjuiciados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.

Se habría llevado a cabo "bajo la realización de un auténtico plan de actuación sistemático y reiterado en el tiempo, ejercido por el empresario como un negocio B paralelo y organizado tras la aparencia total de legalidad de sus empresas abiertas al público y dedicadas a la actividad de agencias de seguro con unos pocos trabajadores legales que camuflaban la existencia de otros muchos ficticios".