Los cacheos que se han realizado hasta el momento en la cárcel de Brieva, en la que se encuentra internada Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en la provincia de Almería en el año 2018, no han hallado por ahora ningún terminal de teléfono móvil.
Así lo ha apuntado este jueves el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una atención a medios durante una visita a la Feria de Sevilla, a preguntas de los periodistas al hilo de la rueda de prensa que este pasado miércoles ofreció en Almería la madre del pequeño asesinado, Patricia Ramírez.
El delegado se ha referido a las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila mediante las que se investiga si trabajadores de la cárcel de Brieva facilitaron teléfonos móviles a cambio de sexo a Ana Julia Quezada.
El responsable gubernamental en Andalucía ha aprovechado esta cuestión para expresar públicamente su "solidaridad, apoyo y cariño" hacia esa "madre que vivió y sigue viviendo tan trágicas circunstancias" derivadas del "asesinato de su hijo", suceso que "a todos nos dejó absolutamente consternados y traumatizados", según ha subrayado.
Dicho esto, ha aclarado que ha habido ya reuniones "con el secretario de Estado de Seguridad" y "con el secretario general de Instituciones Penitenciarias", así como ha confirmado que "hay abierta una investigación judicial en Ávila para determinar si, efectivamente, ha habido algún tipo de interconexión telefónica desde la propia prisión hacia Patricia", después de que esta última denunciara amenazas.
En ese punto, el delegado ha precisado que "no hay constancia en este momento de la existencia de ese terminal" móvil, y ha aclarado que "hay una investigación abierta también desde el punto de vista administrativo" a partir de "los hechos que se denunciaron", con la que "se investiga si hay o no una posible colaboración de algún funcionario de la prisión" con respecto a la condenada "que pudiera propiciar el que le hubiera facilitado algún tipo de terminal".
Pedro Fernández ha indicado que esa "investigación abierta en el ámbito administrativo" está "en este momento interrumpida, en suspenso como consecuencia de la apertura" de la "investigación judicial" en Ávila, que "es la que tendrá que determinar si finalmente hay o no hay algún tipo de hecho que ponga de manifiesto esa situación", ha abundado.
En todo caso, el delegado ha insistido en señalar que "no le consta a Instituciones Penitenciarias, en los registros, en los cacheos que se llevan a cabo de forma ordinaria y habitual", que haya aparecido "ningún tipo de terminal, ningún tipo de móvil", si bien el asunto "está en plena investigación", ha remachado.
A preguntas de los periodistas, ha indicado que por parte del Gobierno no hay "ningún tipo de problema" en mantener con la madre de Gabriel "cuantas" reuniones "sean necesarias", y ha reiterado que ya las ha habido con el secretario de Estado de Seguridad y con el secretario general de Instituciones Penitenciarias.
Además, ha indicado que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "ha trasladado toda su solidaridad con Patricia para mostrarle todo el cariño y toda la colaboración necesaria para averiguar lo que sea necesario".
En todo caso, el delegado ha incidido en que "absolutamente todo el procedimiento" se encuentra ahora "judicializado" por parte de un juez, y "todas las investigaciones están abiertas".
"Yo lo que le puedo decir es que hay entera disposición por parte del Ministerio (del Interior) para clarificar y llegar hasta el fondo del asunto", ha aseverado el delegado del Gobierno antes de concluir que "hay que estar atento a esa investigación judicial que cuenta con la colaboración, como no puede ser de otra manera, de la Guardia Civil y del propio Ministerio".
