El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este martes que el Gobierno ha aprobado una reforma "estructural" de la Fiscalía que ha calificado de "absolutamente necesaria" para "fortalecer la autonomía" de la Fiscalía, de cara a la reforma ya prevista del modelo procesal, que implicará que la investigación penal pase de los jueces a los fiscales. El Gobierno calcula que el texto definitivo, con ambas reformas, iniciará su tramitación parlamentaria el próximo verano.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños ha explicado que se ha aprobado en primera vuelta la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que ahora se enviará a los órganos consultivos para que emitan los informes preceptivos. No obstante, ha indicado que el texto resultante se incorporará como disposición adicional al anteproyecto de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), que ha anticipado que se aprobará en verano para enviarlo a las Cortes Generales.
El ministro ha señalado que se hará así para "garantizar que van absolutamente en paralelo, porque la reforma, quizá la fundamental, que conllevará la nueva LOECRIM será que los fiscales instruyan las causas penales y, por tanto, es imprescindible reforzar la autonomía" del Ministerio Fiscal, tal y como ha recordado que vienen pidiendo no solo la propia institución sino el Consejo de Europa, entre otros.
En este sentido, ha considerado "absolutamente necesaria" esta reforma para "dar un paso decisivo en el reforzamiento de la autonomía del Ministerio Fiscal", a pesar de que, según ha afirmado, "ya cuenta con suficientes resortes" destinados a velar por dicha autonomía.
De las novedades introducidas en el EOMF, ha destacado que el mandato del fiscal general, que ahora coincide con los cuatro años que dura habitualmente el del Gobierno, se alargará a cinco para desvincular la duración de ambos, de modo que "cuando cambie el Gobierno no cambiará el fiscal general". Además, no podrá renovar su mandato, como hasta ahora, salvo en el caso de que haya sido menos de un año, por lo que podrá estar en el cargo un máximo de seis años.
Bolaños ha querido aclarar que el actual jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, no se verá afectado por esta reforma del EMOF, ya que está previsto que entre en vigor el 1 de enero de 2028, por lo que se aplicará al fiscal general que nombre el Gobierno que salga elegido en las urnas en 2027.
También ha destacado que podrá dejar el cargo, "por supuesto si dimite de manera voluntaria, o si, de manera sobrevenida, se da alguna causa de incompatibilidad o incluso de incapacidad". Pero "el Gobierno nuevo no podrá cesar por pérdida de confianza al fiscal general que no haya cumplido su mandato de cinco años".
Y ello porque las causas de cese del jefe del Ministerio Público estarán tasadas y la causa de "incumplimiento grave o reiterado" deberá contar con el informe previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Interrogado sobre por qué no se cambia directamente la forma de nombrar al fiscal general, si lo que se busca es preservar su autonomía respecto al Ejecutivo, Bolaños ha razonado que eso implicaría una reforma constitucional porque el modo de designación de ese cargo está recogido en el artículo 124.4 de la Carta Magna, conforme al cual, "será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ".
En cualquier caso, ha incidido en que con la reforma anunciada "la autonomía está absolutamente garantizada" porque no afecta solo al nombramiento del fiscal general sino a "toda la estructura organizativa interna de la Fiscalía y todos los medios que van a tener los diferentes fiscales para instruir las causas" penales.
Bolaños ha subrayado que, además del Consejo de Europa, "distintos ministros de Justicia de la democracia han deseado llevar a cabo esta reforma", incluidos "algunos del PP". También el PP pedía "hace unos días" que se modificara el EOMF, ha recordado. "Bien, pues aquí está (...) Por tanto, yo espero que esto tenga una mayoría muy amplia en el Congreso", ha lanzado.
INJERENCIAS GUBERNAMENTALES "IMPOSIBLES"
Asimismo, ha resaltado "otras medidas para garantizar que sean imposibles las injerencias en las decisiones de la Fiscalía" por parte de quienes ejercen el Poder Ejecutivo. Sobre esto ha expuesto que estará expresamente prohibido que el Gobierno central o los autonómicos pidan a la Fiscalía "cualquier actuación en relación con un procedimiento penal concreto".
El fiscal general ya no tendrá la obligación de informar al Consejo de Ministros cuando sea llamado a tal efecto, algo que Bolaños ha enfatizado que "prácticamente no ha ocurrido a lo largo de la historia de nuestro país". Las comunicaciones entre fiscal y Ejecutivo serán por escrito, a través del Ministro de Justicia y "tendrán que ver con el interés general", por lo que "serán públicas".
Bolaños también ha valorado que se avanzará en "la autonomía organizativa del Ministerio Fiscal" porque el Gobierno ya no intervendrá en "los ascensos y promociones de los distintos fiscales" ni en el régimen disciplinario, dos aspectos donde el Ministerio de Justicia tiene actualmente "un papel relevante".
Igualmente, ha ensalzado que "se refuerza de manera extraordinaria el papel de la Junta de Fiscales de Sala, que incluso podrá establecer un criterio diferente al que tenga el fiscal general cuando, por mayoría de 3/5, tengan una opinión distinta de la que propone" el jefe del Ministerio Público. Con ello, ha sostenido, se busca "un funcionamiento más colegiado".
Por otro lado, ha mencionado que la Fiscalía asumirá competencias que hoy tienen otros órganos: se encargará del registro de las asociaciones de fiscales y de controlar su financiación, que no podrá ser privada, como pasará con las asociaciones judiciales.
LOS FISCALES INSTRUCTORES
El ministro ha anunciado igualmente que la reforma intenta equiparar el estatus de los fiscales al de los jueces para que puedan hacerse cargo de las investigaciones penales.
A este respecto, ha detallado que "la forma de designación del fiscal o fiscales competentes para la instrucción de cada caso corresponderá al fiscal jefe" y estarán sujetos a causas de abstención y recusación similares a las que ya rigen para jueces y magistrados. "Simplemente una instrucción de un fiscal no podrá llevarla a cabo si tiene amistad íntima o enemistad manifiesta con una de las personas que están investigando", ha resumido.
En línea con esas nuevas funciones, ha avanzado asimismo que "el Ministerio Fiscal tendrá una competencia que hoy tienen jueces y magistrados, que es la de imponer sanciones a quienes no colaboran con las investigaciones judiciales", así como que se hará cargo de la Policía Judicial.
LA FISCALÍA EUROPEA
Por otro lado, ha especificado que la reforma del EOMF regulará también las relaciones entre la Fiscalía española y la Europea (EPPO), que ya investiga las causas penales que afectan a fondos europeos.
"Hoy por hoy, como es lógico, porque la Fiscalía Europea funciona en España desde hace bien poco, se producen distintas cuestiones que no están reguladas. Por tanto, conviene que se regulen y que se fomente esa colaboración", ha dicho.
Así, ha apuntado al "necesario" intercambiando información pero también ha explicado que, "en caso de discrepancia", se arbitrará un sistema que "en última instancia" llevará a que decida el fiscal general del Estado.
"Creemos que es esta reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal un avance definitivo para que la Fiscalía pueda ser eficaz en el desarrollo de sus nuevas competencias, de sus competencias presentes y también de sus competencias futuras, cuando ejerza la instrucción de las causas penales", ha concluido.
