La acusación popular ha pedido para el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, la condena a tres años de prisión por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal, así como la devolución de los salarios obtenidos durante su contratación por la Diputación de Badajoz.
Así se recoge en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, formulado por la acusación popular en este proceso, unificada en Manos Limpias, y de la que también forman parte Vox y el PP entre otras organizaciones, en el que se pide a la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, la apertura de juicio oral en este caso.
Además, para el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, la acusación popular pide también tres años de cárcel, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 15 años.
En su escrito, la acusación popular realiza una cronología de los hechos desde la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios hasta que se desvinculó en febrero de este año, así como la responsabilidad de cada uno de los investigados.
SÁNCHEZ SABÍA QUE ERA "UN PARIPÉ"
En concreto, señala la acusación popular en su escrito que David Sánchez Pérez-Castejón, "teniendo conocimiento previo de que el puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria, a conciencia de que las entrevistas al resto de candidatos eran un mero paripé, pues el puesto era para él".
También hizo la entrevista "para simular la legalidad formal del procedimiento", del que era "el principal beneficiario", y además y "pese al ilegal nombramiento, no desempeñó su puesto de trabajo, no trabajando habitualmente, sin embargo, ello no fue óbice para que sí percibiera el salario que el puesto tuvo adjudicado".
Añade además que David Sánchez "habría utilizado sus influencias en la Diputación de Badajoz para obtener, beneficios propios", como por un lado que se le nombrase coordinador de los conservatorios y más tarde, siendo ya empleado público, al "conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales".
"Hasta tal punto", añade el escrito de acusación, que al amparo de un cambio de nomenclatura "se le creó ilegalmente un nuevo puesto de trabajo, sin pasar por los trámites y controles reglados para ello, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la Ópera".
Por otro lado, también consiguió que "la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente en el proyecto Ópera Joven fuera contratada por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho", como es Luis Carrero, exasesor de Moncloa, quien "consiguió acceder a un Puesto creado con la finalidad de serle adjudicado de forma directa mediante la forma de provisión de comisión de servicios".
PETICIÓN DE PENAS
Por todo ello, la acusación popular pide por un lado una pena de un año y seis meses de prisión para David Sánchez por el delito continuado de Tráfico de Influencias en concurso medial con un delito de prevaricación administrativa y de nombramiento ilegal, y otro año y medio de cárcel por los mismos delitos en el caso de la contratación de Carrero.
Además, la acusación popular pide que se declare la nulidad de la convocatoria de oferta de empleo público para la plaza de coordinador de las Actividades de los Conservatorios, la modificación que se realizó creando el puesto de Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, así como la convocatoria para el puesto que acabó ocupando Luis María Carrero Pérez, que era del de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.
Se pide que se anulen los contratos de trabajo que tanto David Sánchez como Luis Carrero han obtenido en la Diputación de Badajoz, señala el escrito de acusación, que pide además que ambos devuelvan los salarios cobrados en la institución provincial.
SEÑALAN QUE GALLARDO "CONOCÍA" QUE EL PUESTO ERA PARA SÁNCHEZ
En el caso del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, la acusación popular considera en su escrito que éste ostenta la competencia para el nombramiento y cese del personal de alta dirección y "dada la gran vinculación de dicho personal con los órganos políticos", está "claro" que conocía que este puesto "estaba destinado a ser adjudicado al señor Sánchez y participó directamente en los hechos".
Señala la acusación que Gallardo "era informado de todas las necesidades de personal y puestos que iban a crearse" y además "se interesó directamente por las fechas mínimas para la adjudicación de un puesto de alta dirección, refiriéndose al Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios".
Apuntan que del examen de los correos de David Sánchez "se deriva que tenían una relación estrecha y que incluso hablaban los fines de semana", y añaden que "al menos consintió el aparente cambio de nomenclatura del puesto y realmente creación de un nuevo puesto sin pasar por los trámites legales para ello", señala en su escrito.
Por todo ello, la acusación popular unificada pide un año y medio de prisión por un delito de continuado de Tráfico de Influencias en concurso medial con un delito de prevaricación administrativa y de nombramiento ilegal por la contratación de David Sánchez, y otro año y medio por el caso de Luis Carrero.
Además, por un delito continuado de prevaricación en concurso de medio a fin con un delito de nombramiento ilegal, piden para Gallardo 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y multa de seis meses con una cuota diaria de 180 euros.
OTROS INVESTIGADOS
En el escrito de acusación también se reclaman penas para otros investigados en este caso, como el exasesor de Moncloa, Luis Carrero, para el que se piden un año y medio de prisión y 8 de inhabilitación por un delito de continuado de tráfico de influencias en concurso medial con un delito de prevaricación administrativa y de nombramiento ilegal.
Finalmente, para el diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, la acusación pide un año y medio de prisión y seis de inhabilitación por un delito de continuado de Tráfico de Influencias en concurso medial con un delito de prevaricación administrativa y de nombramiento ilegal, en el caso de la contratación de Luis Carrero.
