El Ayuntamiento de Granada ha consultado con el juzgado si ha de tomar "alguna acción necesaria" sobre el jefe de estudios de la Policía Local de Granada investigado por supuesta violencia machista tras ser detenido de nuevo y puesto en libertad provisional esta semana.
Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas este jueves la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, después de que este subinspector de la Policía Local, que se enfrenta a casi siete años de cárcel por la presunta comisión de varios delitos relacionados con la violencia machista, fuera puesto en libertad provisional este pasado miércoles tras ser detenido de nuevo por presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a la que fuera su mujer.
Carazo se ha remitido a las explicaciones que, tras el nombramiento de este agente como jefe de estudios de la Escuela de la Policía Local a finales del pasado abril, diera el Ayuntamiento, cuando explicó en un comunicado que había solicitado "un cambio de destino por motivos personales" y que dicho traslado "se ha realizado al único puesto disponible de su categoría de subinspector".
"Siguiendo instrucciones de la autoridad judicial correspondiente, continuará desarrollando labores administrativas e internas a la Policía Local, sin suponer en ningún caso privilegio alguno ni ascenso", añadieron desde el consistorio granadino.
Este jueves la alcaldesa ha apuntado que la investigación "avanza" y que en ese contexto el Ayuntamiento tiene que seguir ofreciendo su "colaboración" a la justicia como le "corresponde".
"Hemos cumplido todo aquello que nos ha solicitado" la autoridad judicial y en la mañana de este jueves, "a la vista de lo que ha ocurrido también esta semana, hemos vuelto a escribir al juzgado solicitándole información en su caso" de "si tuviéramos que tomar alguna acción que fuera necesaria, dado el momento de la investigación", ha indicado Carazo. "El resto forma parte del trabajo interno diario de la propia Policía", ha concluido.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada, en funciones de guardia, acordaba este pasado miércoles la puesta en libertad provisional del agente. Su detención ha derivado en la apertura de un proceso judicial por diligencias previas después de que no aceptara el acuerdo de conformidad propuesto por la Fiscalía y por la necesidad de seguir investigando las circunstancias y motivos por los que se produjo el presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento.
Mientras esto se sustancia, el juzgado le ha impuesto la prohibición de "acudir o residir" en el municipio de Armilla, lugar de residencia de la presunta víctima, bajo apercibimiento expreso de incurrir en un delito de desobediencia o de que se adopten nuevas medidas cautelares contra el agente que impliquen mayor limitación de su libertad, según consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press.
La medida cautelar ha sido aceptada por todas las partes, tanto el Ministerio Fiscal, como la acusación particular y la defensa. Según la mujer, el presunto quebrantamiento del agente se habría producido entre los meses de marzo y mayo por medio de llamadas telefónicas, que ella no atendió en ningún momento, y por varias desconexiones supuestamente intencionadas del brazalete electrónico que de forma permanente está obligado a llevar el funcionario policial para impedir su acercamiento a su pareja.
DESCONEXIONES DEL BRAZALETE
En este punto, el agente negó que las desconexiones fueran voluntarias y alegó que se debieron siempre a fallos de conexión del aparato. Frente a las dos versiones, el juzgado ha encargado al grupo Cometa, encargado de la instalación y seguimiento de las pulseras, la realización de un informe técnico que aclare los motivos y causas de las desconexiones, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El pasado 4 de marzo, el Juzgado de Violencia de Género 2 de Granada abrió juicio oral contra este agente por la presunta comisión de delitos de violencia física y psíquica habitual, de menoscabo psíquico y de descubrimiento y revelación de secretos perpetrados supuestamente contra su expareja, de la que tiene orden de alejamiento, y una de las dos hijas que tienen en común. Es esa orden la que habría quebrantado ahora.
El Juzgado de lo Penal número 5 de Granada será el encargado del juicio, en el que se enfrenta a una petición fiscal de seis años y diez meses de prisión. La acusación particular, que ejerce el letrado Mariano Vargas, eleva la petición de cárcel por estos ilícitos a más de 15 años, según consta en este auto. La defensa del acusado, que lleva el abogado Domingo Domingo, interesa por su parte su libre absolución.
EL PSOE PIDE LA REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO
En este contexto, el PSOE de Granada volvió a exigir este miércoles a la alcaldesa de la capital que "de una vez por todas" revoque el nombramiento a este agente como jefe de estudios de la Policía Local de Granada mientras dura el procedimiento judicial en el que está inmerso por un posible caso de violencia machista.
Entienden los socialistas que se trata de "hechos muy graves ante los que Carazo tiene que actuar con determinación y poniéndose "al lado de las víctimas" en un posible caso de violencia machista "en el que no debe mirarse hacia otro lado ni blanquearlo".
Por su parte, el letrado de la defensa, Domingo Domingo, destacó en su momento, en declaraciones a Europa Press que "todos los archivos de las denuncias de la mujer, que han sido muchas, y que el Juzgado y la Audiencia han remitido testimonio contra ella por denuncia falsa en algunas" de ellas.
Con vinculación al caso de supuesto maltrato machista que irá a juicio, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada investiga a varios agentes policiales en el denominado caso Viogen por la presunta comisión de un delito de revelación y descubrimiento de secretos tras acceder a datos de la expareja del subinspector en el citado sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista.
