El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avanzado este miércoles en Bruselas que el Gobierno prepara sanciones contra las compañías de bajo coste Wizzair y Transavia por cobrar suplementos por equipaje de mano, como ya hizo con Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea, a las que multó por un importe conjunto de casi 179 millones de euros.
"Estas otras dos empresas están en proceso de seguir los mismos pasos que las cinco anteriores", ha confirmado el ministro en rueda de prensa en la sede de la organización de Consumidores Europeos (BEUC, por sus siglas en francés) en la capital belga, donde se ha anunciado una denuncia ante la Comisión Europea y la red europea de consumidores contra las aerolíneas Easyjet, Norwegian Airlines, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling y Wizzair.
El Gobierno ya multó con 179 millones de euros en noviembre de 2024 a cinco de estas aerolíneas --Ryanair, Vueling Easyjet, Norwegian y Volotea-- por cobrar suplementos "abusivos", una sanción que ahora Consumo quiere extender también a Wizzair y Transavia.
Bustinduy ha recordado que estas compañías han incurrido en prácticas "ilegales" como cobrar por el equipaje de mano, pero también por seleccionar el asiento para viajar con niños o con personas dependientes, por falta de transparencia en la formación de precios, o por cobrar por imprimir la tarjeta de embarque, entre otras.
Las aerolíneas afectadas denunciaron entonces la sanción ante la Comisión Europea, que está examinando el caso desde enero tras pedir información detallada a España. Fuentes comunitarias consultadas por Europa Press indican que el Gobierno ya remitió la documentación, que los servicios de la Comisión están aún evaluando.
Aunque el ministro ha reconocido que las aerolíneas están en su derecho de recurrir las sanciones ante los tribunales estas "son firmes" y ha advertido de que "cualquier otra compañía que incurra en las mismas prácticas será tratada de la misma manera por el Ministerio, aplicando los mismos principios, con el mismo rigor y con el mismo objetivo, que es defender los derechos de los consumidores españoles".
"Es inaceptable que se intenten legalizar prácticas que son claramente ilegales y cualquier medida a nivel europeo debería mejorar y reforzar los derechos de los consumidores", ha destacado Bustinduy, quien ve "completamente incomprensible que las instituciones públicas sirvan a los intereses de las multinacionales en lugar de reforzar los derechos de los consumidores".
Al respecto, el ministro ha aseverado que "el Gobierno español está intentando proteger la ley que defiende a los consumidores" ante la "proliferación de estas prácticas ilegales e ilícitas".
"Esto pasa en el sector de la aviación y del transporte, pero pasa también en la vivienda, pasa en el comercio electrónico, pasa en la venta de entradas, pasa en muchos ámbitos en los que pareciera que hayamos normalizado que las grandes compañías dicten las reglas del mercado y puedan colocarse por encima de la ley", ha remachado.
