Las entidades Arde y Satya Animal han denunciado ante la Fiscalía a una granja avícola ubicada en Llucmajor, en Mallorca, por presuntos delitos contra la salud pública y estafa, en la que los animales conviven con ratas, cadáveres y una suciedad extrema.
Ambas entidades de protección animal y medioambiental han publicado una investigación de abril de este año en la que, según han informado en nota de prensa, constatan que el lugar "presenta una importante falta de higiene", con telarañas y una mezcla de polvo, tierra y plumas.
Además, aseguran que las gallinas vivas conviven con decenas de cadáveres en diferentes estados de descomposición, algunos canibalizados, así como ratas y erizos, según se puede ver en unas imágenes de un informante anónimo enviadas a Satya.
Las organizaciones han denunciado estos hechos ante la Fiscalía de Medioambiente de Baleares por presuntos delitos contra la salud pública y alertan de que la presencia de otras especies animales implica riesgo zoonótico de transmisión de enfermedades a humanos como la leptospirosis o la salmonella.
Según la portavoz de Arde, Julia Elizalde, esta granja, que es la mayor explotación ganadera de Baleares por número de animales y extensión, "podría estar incurriendo a su vez en un delito de estafa".
Las entidades han enviado a Fiscalía imágenes de la granja que, asevera Elizalde, demuestran cómo las gallinas camperas no salen al exterior durante seis días ya que las puertas de la nave permanecen cerradas.
"El consumidor paga más por este tipo de huevos pensando que las gallinas tienen acceso al aire libre, pero esta expectativa no se cumple", advierte la portavoz, quien recuerda que el reglamento 2023/2465 de la Comisión Europea estipula que las gallinas camperas deben poder acceder de forma ininterrumpida y durante todo el día a un espacio al aire libre.
Según la OCU, un huevo campero cuesta de media un 35 por ciento más que un huevo de gallinas criadas en suelo. Así, las organizaciones apuntan que la motivación para vender huevos camperos aunque no se cumplan las condiciones para ello podría ser económica.
Igualmente, señalan que la explotación avícola fue sancionada en 2024 con 150.000 euros de multa por ejercer su actividad sin la preceptiva autorización ambiental integrada desde 2017 y por un incorrecto manejo de los excrementos.
Sin embargo, aseguran, en ese periodo la granja recibió una ayuda económica proveniente del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) de más de 380.000 euros para la construcción de un centro de clasificación de huevos.
Arde y Satya Animal denuncian que en la actualidad la granja "continúa funcionando de forma ilegal" ya que no dispone de dicho trámite obligatorio, por lo que la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural dio traslado a Fiscalía y dictó medidas cautelares.
Además, la granja dispone del sello de bienestar animal Welfair --que busca garantizar el bienestar de los animales destinados a consumo--, una cuestión que para la presidenta de la asociación Satya Animal, Marina Sánchez, es "alarmante" cuando desde el punto de vista administrativo su actividad "es ilegal y plenamente podría estar incurriendo en varios delitos".
Según Sánchez, este certificado "se convierte en una mera herramienta de marketing". "Los consumidores son engañados, creyendo apoyar el bienestar cuando en realidad están financiando la explotación y el sufrimiento animal en una granja en situación totalmente irregular", critica.
Por otro lado, las entidades recuerdan que la empresa avícola levantó polémica en verano de 2024 cuando propuso construir una macrograja de gallinas con una capacidad para 739.000 animales en Mallorca.
Un debate que se dio por cerrado el pasado enero con la aprobación por parte del Govern del decreto 1/2025 que prohíbe las explotaciones avícolas de más de 160.000 animales de las Islas.
En relación con la granja de Llucmajor, Arde y Satya Animals también aseguran que más de 9.000 vecinos se han visto afectados con plagas de moscas, olores y problemas de salud como afecciones respiratorias, migrañas y vómitos.
En esta línea, Natalia García, vecina de Llucmajor, lamenta que vivir a menos de un kilómetro de la granja produce "malestar anímico" y "limita mucho la convivencia con tus vecinos o con tu familia porque no puedes hacer vida normal en tu casa".
"En verano estamos encerrados para evitar respirar aire contaminado", apunta Xisco Amaya, otro de los vecinos de la zona que denuncia que "cuando no hay una atmósfera nauseabunda con amoniaco, está todo lleno de moscas".
Con todo, las asociaciones vecinales y entidades de protección ambiental y animal exigen el cierre inmediato de la explotación agrícola, argumentando que la granja no es autorizable en base a la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.
"Esta normativa señala la imposibilidad de otorgar el permiso ambiental a proyectos ya ejecutados que no se hayan sometido previamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, por lo que la empresa debería cesar su actividad, desmantelar la instalación para restaurar el entorno original y comenzar de nuevo los trámites", concluyen.
LA RESPUESTA DE LA EMPRESA
Avícola Son Perot asegura que todas sus granjas están sometidas a rigurosos controles internos y externos y que reciben inspecciones periódicas por parte de los servicios veterinarios y técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Así lo destaca la empresa en una nota de prensa este lunes ante informaciones sobre la posible denuncia sobre el estado de la granja de gallinas de Llucmajor.
En este sentido, indican que sus explotaciones cuentan con la certificación Bienestar Animal Welfair, otorgada por Aenor, y que el pasado martes, 20 de mayo, se llevó a cabo la auditoría anual correspondiente a la granja de Llucmajor y que se superó con normalidad.
Igualmente, según Avícola Son Perot, sus instalaciones reciben inspecciones periódicas de los servicios veterinarios y técnicos autonómicos, "cumpliendo siempre con los estándares de calidad, seguridad y bienestar exigidos por la normativa exigente".
Por todo ello, la empresa entiende que "cualquier inquietud" sobre el estado de las granjas queda "debidamente aclarada" y expone que su departamento jurídico "actuará en consecuencia" si se considera que se vulneran los derechos e intereses legítimos de la empresa.
