El astillero de San Fernando vivió este martes un día de celebración con la botadura del patrullero de altura que Navantia ha construido para la Marina Real de Marruecos.
Pero la jornada se completó, de puertas para adentro, con una reunión del presidente de la empresa pública, Ricardo Domínguez, con los representantes del comité intercentros que ahondó la preocupación de los representantes de los trabajadores.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación hoy, los sindicatos advierten de que “la carga de trabajo” en la Bahía de Cádiz “tienen que ser la base sobre la que se asiente el crecimiento de empleo y las inversiones en las factorías de la provincia”.
Pero no se concreta y, además, son necesarias inversiones que tampoco están contempladas con la suficiente dotación económica.
Por un lado, advierten de que San Fernando “aborda proyectos complejos por precio y plazo y se demanda que sea lo que ha sido, referente en construcción de buqeus militares de pequeño y mediano porte”. En Puerto Real, “no termina de tener la construcción naval como actividad principal, ni hay voluntad de asignarle un producto militar propio”. Y, finalmente, en reparaciones Cádiz-San Fernando ha dejado de contar para modernizaciones de buques militares. Cabe recordar, al respecto, que así se estableció dese la fundación de Navantia en 2005 en beneficio de otros centros, pese a que por sus diques pasaron embarcaciones como Tofiño, Malaspina, Elcano Navarra, Reina Sofía, Numancia o Victoria.
Precisamente, la derivación de carga de trabajo, fundamentalmente a Ferrol, y que dicha factoría tenga en previsión la construcción de un dique con un presupuesto que suma seis años de inversiones para la Bahía de Cádiz, hace que no solo haya decepción entre los trabajadores, sino también cierto resquemos.
La industria naval gallega marca la agenda política. En junio de 2024, BNG llevó a cabo una ofensiva parlamentaria con la presentación de varias proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados que reclamaban refuerzo de plantillas y más fondos económicos, al tiempo que acusaban a Navantia de favoritismo con los astilleros de Cádiz, y que salieron adelante con el apoyo del PP y la abstención del PSOE.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, juega, según fuentes sindicales, un papel fundamental en la defensa de Ferrol, de donde es natural. Su padre, además, fue un histórico de la lucha obrera en el astillero gallego.
Esther Gil de Reboleño, vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso y diputada de Sumar, coalición a la que pertenece Díaz, por la provincia de Cádiz achica agua, manteniendo contacto permanente con los representantes de los trabajadores en la Bahía. Sin embargo, el diálogo no da frutos.
Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de cuyo departamento depende la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, parece perder el pulso. Por ello, el comité de empresa de Navantia Puerto Real ha pedido recientemente una reunión con la andaluza, que lidera, aspira, asimismo, a presidir la Junta de Andalucía. Hasta el momento, se ha limitado a insistir en que los astilleros viven el que problablemente “sea el mejor momento de su historia en Cádiz”, pero la opinión no es compartida por las plantillas.
A todo ello se suma la negociación del nuevo convenio del sector del metal, que zozobra por diferencias en tornos a reivindicaciones como el pago del plus tóxico penoso. El secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, advirtió en una entrevista en La Orilla, programa que dirige y presenta Pedro Espinosa en 7TV, que, si a final de este mes, la patronal no firma el acuerdo, “rompemos”, de manera que no es descartable que se inicien las primeras movilizaciones a partir de la semana que viene.
