Los españoles que viven en hogares con mayor nivel de renta gastaron en 2023 una media de 938 euros en salud, lo que supone casi cuatro veces más que las que pertenecen a familias con los niveles más bajos de ingresos, que solo gastaron 265 euros, según se desprende del informe sobre gasto privado en salud elaborado por la Fundación BBVA.
El documento, publicado este jueves, parte de datos recogidos por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según destaca, entre 2003 y 2022, el gasto privado en salud aumentó en España un 50 por ciento, hasta situarse en 33.606 millones de euros, lo que supone el 25,9 por ciento del gasto sanitario total.
Por tipo de agente financiador, el mayor incremento se ha registrado en el gasto de las empresas de seguros privados en salud para cubrir los servicios sanitarios de sus asegurados, que se ha elevado un 88 por ciento en el periodo contemplado, mientras que los pagos directos de las familias, que suponen el 72 por ciento del gasto privado en salud, han crecido un 42 por ciento.
El informe precisa que la tendencia creciente en el gasto privado solo se vio truncada en 2020, por el menor gasto en servicios sanitarios privados, que atribuye a las restricciones de movilidad durante la pandemia. Desde ese año, el gasto privado sigue aumentando y en 2022 se cifraba en 33.606 millones de euros.
A este respecto, hace hincapié en el "papel relevante" que tienen los hogares en la financiación de los servicios de salud. El gasto que las familias españolas dedicaron a la salud en 2023 supuso un 4,8 por ciento de su presupuesto total, frente al 3,4 por ciento en 2006, una cifra reducida por el carácter universal y público del sistema sanitario español, pero creciente en las últimas décadas y acompañado de un cambio en el patrón privado de consumo de salud.
GASTO POR SERVICIO
Según recoge el documento, la mayor parte del gasto de las familias en salud sigue siendo la dedicada a la compra de aparatos y equipos terapéuticos, como gafas graduadas o audífonos (un 28,8%), pero su importancia relativa se ha reducido con los años (en 2010 suponía el 34,4% del total). También ha descendido el peso del gasto en servicios dentales (14% en 2023, frente a 17,8% en 2010) y en atención médica y hospitalaria costeada directamente por el paciente.
Por su parte, los seguros privados de salud han ganado peso y representan el 20,7 por ciento del gasto sanitario de las familias, casi un cinco por ciento más que en 2010. También destaca el aumento del gasto en productos farmacéuticos, que representa un 18,3 por ciento del gasto de las familias (+2% respecto a 2010), y el incremento experimentado por los servicios médicos auxiliares, tales como la realización de pruebas diagnósticas o los servicios de rehabilitación, de psicología o fisioterapia, entre otros, que ha duplicado su peso en el gasto pasando de un 3,6 a un 7,3 por ciento.
En función del nivel de renta, varía el gasto destinado a cada servicio. Aquellos con mayores ingresos gastan sobre todo más en servicios médicos y hospitalarios, en concreto, ocho veces más (127 euros vs. 16 euros); y cinco veces más en seguros relacionados con la salud (213 euros vs. 42 euros).
Además, gastan 3,3 veces más en servicios médicos auxiliares (67 euros vs. 20 euros) y entre 2,8 y 2,4 veces en productos farmacéuticos, aparatos y equipos terapéuticos como gafas graduadas o audífonos, y servicios dentales. Su gasto farmacéutico también es mayor, porque asumen un porcentaje más alto de copago de los medicamentos.
En esta línea, la Fundación BBVA advierte en su informe que, cuando los servicios de salud tienen que ser costeados directamente por las familias, como suele suceder en prestaciones de salud bucodental, rehabilitación, fisioterapia u optometría, la igualdad de oportunidades en el acceso a la salud de las personas con menos recursos "se ve afectada".
Ante esta situación, propone la incorporación a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) de coberturas básicas de servicios que están excluidos en la actualidad. Para ello, plantea el reparto de bonos para su financiación en los centros privados, su prestación gratuita en los centros públicos, o una combinación de ambas.
