“No desgasta el poder; lo que desgasta es no tenerlo”. Giulio Andreotti.
España, debe ser por su genética mediterránea propensa a la picaresca y no solo literaria, es uno de los países europeos con mayor número de personas cuyo enjuiciamiento corresponde a un tribunal superior, actualmente más de 250.000 españolitos que vienen al mundo les guarde Dios gozan de ese burladero propio llamado aforamiento. Este elenco de privilegiados ante la justicia no es sólo de políticos, aunque sea de ellos de quien más se habla. De este amplio número de personas que gozan en España de un fuero especial que les otorga el derecho de ser juzgados por un tribunal superior al que le correspondería de no tener esta especial condición, 232.000 no son políticos.
La familia Real es tratada expresamente por la Constitución. Por un lado, el Rey, que le otorga su inviolabilidad, lo que impide cualquier investigación en su vida civil y privada. Privilegio por el que el emérito se libró de ser procesado por sus presuntos y millonarios fraudes fiscales. Por su parte, les da el privilegio del aforamiento a la Reina, al Príncipe de Asturias o Princesa y su consorte y, actualmente, a los dos Reyes eméritos también. La sangre real goza de plus con un todo incluido como quien tiene una tarjeta platinum que les permite a ellos y a sus consortes que sólo puedan ser enjuiciados por el Tribunal Supremo. No es por nada, pero las actividades de la Reina, la Princesa y los eméritos se circunscriben a las protocolarias -ni éstas tiene el residente en Abu Dabi-, no asumen ninguna responsabilidad, no toman decisiones con transcendencia para la nación y, por tanto, no hay justificación para tamaño privilegio.
El poder judicial y cargos institucionales también entran en el grupo. Los jueces y fiscales -unos 9.000- sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, limitado a los hechos en el ejercicio del cargo. Se dice que gozan de aforamiento para evitar ser investigados por compañeros de su mismo nivel. Además, sólo pueden ser juzgados ante el Tribunal Supremo: el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Fiscal Europeo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo; Magistrados de la Audiencia Nacional, de un Tribunal Superior de Justicia o de los Fiscales europeos delegados. Suma y sigue.
Las fuerzas de seguridad, policías y guardia civiles -unos 150.000-, sólo pueden ser juzgados por la Audiencia Provincial; eso sí, siempre que sea por hechos derivados del ejercicio de sus funciones. En el ámbito político, por un lado, están los aforados por imperativo de la Constitución: Diputados -350- y Senadores -266-, el Presidente del Gobierno y sus Ministros. Y, por otro, los diputados autonómicos -1.268- cuyo Estatuto de Autonomía así lo prevea. Todas, salvo las de Ceuta y Melilla, Canarias, Murcia, Cantabria y Baleares que lo tenían en un principio y con posterioridad la respectiva Cámara lo eliminó. Y, para terminar el largo listado, también gozan del aforamiento los 61 eurodiputados españoles.
Teóricamente se nos quiere convencer que su justificación es porque a los que tienen altas responsabilidades hay que protegerlos de ataques judiciales con fines políticos o incluso personales. Hay que preguntarse qué altas responsabilidades asumen muchos diputados y senadores que en toda la legislatura presentan ninguna o pocas iniciativas y su trabajo cotidiano es ir a las sesiones a aplaudir, abuchear y votar y, aún más, con la retribución y prebendas que tienen. Lo cierto es que en comparación con el resto de los ciudadanos contribuyentes resulta un privilegio y, desde luego, es indudable que los españoles no somos iguales ante la Ley, pese a que la Carta Magna diga exactamente lo contrario.
Que se lo digan a funcionarios municipales que se han visto inmersos en procesos judiciales hasta el final viendo cómo los políticos que estaban al mando se libraban de sentarse en el banquillo al estar aforados y el Tribunal Supremo ante senadores o diputados suele ser bastante bondadoso. Políticos que a la primera de cambio cogen las de villa Diego, no dan la cara ni con un mínimo gesto de apoyo y si pueden machacar a los funcionarios lo hacen a modo de “aquello no iba conmigo”. Una discriminación y un trato injusto en toda regla que demuestra la necesidad de eliminar estos privilegios.
De manera cíclica sale a la luz el debate de acabar con los aforamientos de los cargos políticos, incluso PSOE y PP lo han llegado a decir en algunos discursos porque siempre saben expresar lo que en cada momento es importante que los ciudadanos escuchen. Suele pasar cuando un caso clamoroso estalla y voces de la política nacional elevan el tono sobre la conveniencia de acabar con ellos, debatir el asunto abiertamente es una manera de trasladar a la ciudadanía la sensación de que existe esa posibilidad, que estamos cerca de llevarla a la práctica cuando en el fondo no es verdad porque ninguna formación política quiere realmente acabar con la protección ante las demandas. Ninguna. Es más, si pudieran ampliarían la cobertura a familiares, solo que eso sería pedirle demasiadas tragaderas al ciudadano votante, que traga a destajo, pero hay que evitar que se atragante porque después se pone a toser.
El caso del secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, es una argucia en toda regla para aprovecharse del aforamiento ante su inminente pase a la situación procesal de investigado por el caso de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez. O sea, presidente de la diputación de Badajoz y concejal de Villanueva de la Serena que ante su inminente procesamiento, mire usted por dónde, dimite una diputada autonómica y las cuatro personas siguientes de la lista renuncian al escaño -vaya suerte- y hete aquí que el quinto era justamente Gallardo, que no podía renunciar por su alto sentido de la responsabilidad política, “una decisión tomada tras una escucha activa de cara a hacer oposición…", “ con una reflexión paciente y sin prisas, independientemente del momento…” -sic-. Y, encima, para disimular el quiebro relámpago que hizo, reclama ahora al gobierno autonómico del PP que elimine en el Estatuto de Autonomía el aforamiento de los diputados. Hay veces que los políticos se pasan mucho insultando a la inteligencia de los ciudadanos, que engullen este tipo de noticias atónitos aunque sin darle la importancia que merece porque la sociedad ya tiene normalizado que los políticos van a lo que van, que para muchos de ellos -demasiados- los ciudadanos les importan sólo por el voto que ejercen.
El privilegio de librarse del banquillo es demasiado gozoso como para renunciar a él. No lo harán. Lo grave es, suma y sigue, quien aprovecha la especial condición para generar un lucro difícilmente justificable. Que no es el caso de la inmensa mayoría, pero también los hay.
