La ley de amnistía cumple su primer aniversario con un balance de más de 300 amnistiados, sin que los líderes independentistas se cuenten entre sus filas. El ex presidente catalán Carles Puigdemont y el que fuera su 'número dos', Oriol Junqueras, permanecen prácticamente en la misma situación, uno prófugo y el otro inhabilitado, a la espera del resultado que arroje el pulso judicial entre el Supremo y el Constitucional, que alcanza también a Europa.
La posibilidad de amnistiar el 'procés' cobró fuerza tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023 y cristalizó, por primera vez, en el acuerdo entre Junts y el PSOE dado a conocer el 9 de noviembre de 2023, donde ya figuraba una ley de amnistía. El texto trascendió poco después, el 13 de noviembre, pero fue enmendado y remendado una y otra vez en el trámite parlamentario hasta su aprobación definitiva el 30 de mayo de 2024.
Hubo que esperar unos días, pasadas las elecciones europeas del 9 de junio, para que la nueva norma se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrara en vigor, ese 11 de junio.
Dos semanas después, el 25 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aplicó por primera vez la norma. El primer beneficiado fue el ex consejero de Interior de la Generalitat Miquel Buch, que había sido condenado por malversación a 4 años y medio de prisión por designar a un mosso d'Esquadra como escolta de Puigdemont en el extranjero.
Los días pasaban y la mirada seguía fijada en el TS, que debía pronunciarse sobre el caso de Puigdemont y el de los ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig, así como los de Junqueras y el resto de condenados. El 1 de julio tanto el tribunal del 'procés' como el instructor, Pablo Llarena, dieron su veredicto: no amnistiarían la malversación, lo que conllevaba mantener la inhabilitación a los penados y las órdenes de detención contra los prófugos.
El tribunal del 'procés', presidido por Manuel Marchena, concluyó que la ley de amnistía no permitía perdonar la malversación a Junqueras ni a los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa porque sus conductas durante el 1-O encajan, precisamente, en dos excepciones contempladas por la propia norma que impiden aplicarla.
Por un lado, el TS apreció que obtuvieron un beneficio personal porque, en vez de pagarlo de sus bolsillos, usaron el dinero público para celebrar el referéndum ilegal sin que con ello persiguieran un interés público, sino partidista. Y, por otro lado, estimó que afectaron los intereses financieros de la UE porque, de conseguir su propósito --una Cataluña independiente-- habrían perjudicado las arcas comunitarias.
Esta decisión contó con la oposición de la magistrada Ana Ferrer, que emitió un voto particular en el que defendió que "la única interpretación razonable de la ley" era perdonar a los líderes del 'procés'. Las defensas hicieron suyas estas palabras y se apoyaron en ellas para presentar sus sucesivos recursos, que fueron rechazados.
EL TC SENTENCIARÁ LA AMNISTÍA EN JUNIO
Tras el portazo del TS, Junqueras, Römeva, Bassa y Turull acudieron al TC, donde sus recursos han sido admitidos a trámite. Se espera que Puigdemont y los demás prófugos hagan lo propio cuando agoten el recorrido procesal en el Supremo, donde falta que se resuelvan sus incidentes de nulidad.
En estos momentos el foco está puesto en el TC, que en las próximas semanas dictará la primera sentencia sobre la amnistía, la que responderá al recurso presentado por el PP, que impugna toda la ley. La magistrada ponente, la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, lleva seis meses trabajando en este borrador junto a un grupo de letrados con la máxima discreción.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que el borrador se repartirá el próximo lunes entre los magistrados para que puedan estudiarlo de cara al Pleno que empezará el 10 de junio y que servirá para que Montalbán exponga la ponencia a sus compañeros. Las deliberaciones, sin embargo, no tendrán lugar hasta el siguiente Pleno, el que arrancará el 24 de junio, cuando está previsto el fallo.
En ese segundo cónclave, se abordarán la ponencia y la propuesta de Montalbán para responder a los escritos presentados por el PP, el Senado y los magistrados del TC Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel --enmarcados en la minoría conservadora--, en los que instan a la corte de garantías a paralizar esta primera sentencia sobre la amnistía hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) resuelva las cuestiones pendientes o a que el propio TC plantee una.
El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ya descartó paralizar el procedimiento a la espera de que el TJUE contestase a las preguntas realizadas por los tribunales españoles, argumentando que "la función de control abstracto de constitucionalidad que debe realizar el TC (...) es independiente de las decisiones adoptadas por otros órganos jurisdiccionales en el ámbito de su competencia específica", en este caso el encaje de la amnistía en el derecho comunitario.
En un último movimiento, el PP también ha emplazado a Conde-Pumpido a que se abstenga, aduciendo que la misma doctrina que se usó para apartar al magistrado conservador José María Macías del debate sobre la amnistía --que siendo vocal del CGPJ se pronunció sobre la ley en textos institucionales-- debe aplicarse al presidente del TC porque su mujer era vocal de ese mismo CGPJ.
Fuentes de la mayoría progresista del TC creen que se trata de "maniobras dilatorias" sin recorrido jurídico, anticipando así que el Pleno descartará la ristra de peticiones para despejar el camino hacia la sentencia.
SE MANTENDRÁ LA ORDEN DE DETENCIÓN CONTRA PUIGDEMONT
Si el Constitucional avala la amnistía, el foco de atención se trasladará al Supremo. Allí, Llarena y el tribunal que juzgó el 'procés' deberán estudiar cómo afecta la decisión del TC a cada caso.
En el Supremo aguardan con cierta tranquilidad la sentencia del TC porque sus magistrados han hecho depender sus decisiones de la interpretación jurídica de la propia norma, considerando que cabe exceptuar su aplicación a los líderes del 'procés' --por el beneficio personal obtenido en la malversación y la afectación a los intereses financieros de la UE--, no de su constitucionalidad.
En consecuencia, fuentes jurídicas anticipan que, incluso con una ley declarada constitucional, se mantendrán las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig, misma situación que se daría con las penas de inhabilitación de los condenados, que llegan hasta 2031.
En cualquier caso, dado que lo previsible es que los líderes independentistas den la batalla en el TS para hacer valer una eventual sentencia favorable del TC, el Supremo ya dejó la puerta abierta en varias resoluciones a presentar su propia cuestión prejudicial al TJUE cuando llegara el momento oportuno.
Ese sería el último recurso del TS para defender sus tesis, y seguiría con ello los pasos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ya ha acudido a la corte de Luxemburgo para desoír una sentencia del TC. La Audiencia de Sevilla también sopesa hacerlo con el 'caso ERE'. En su día, Conde-Pumpido cuestionó internamente que los tribunales españoles pudieran actuar de esta manera pero no encontró apoyos suficientes.
Por ahora, el TS solo ha optado por cuestionar la amnistía ante el TC, pero no por ninguno de los casos de los líderes independentistas, sino por uno de desórdenes públicos. En cambio, la Audiencia Nacional, el TSJC y el Tribunal de Cuentas esperan las respuestas del TJUE.
