Todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, han pedido al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que no les acusen de lanzar "bulos" o "fango" cuando critican las reformas anunciadas por el Ejecutivo sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal.
"Solicitamos que se nos mantenga al margen de calificaciones o etiquetas como bulo, fango o similares, y se nos permita seguir realizando nuestra función recibiendo el trato respetuoso que dispensamos", han reclamado la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial e Independiente (FJI), y la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en un comunicado.
En el documento, recogido por Europa Press, subrayan que, si bien "es perfectamente legítimo que el Gobierno acometa las reformas legislativas que tenga a bien, igual de legítimo es que las asociaciones que representan a jueces y fiscales valoren dichas reformas" en la medida en que les afecten.
Los firmantes defienden que expresar su "opinión" y "transmitirla responsablemente a la sociedad y a las carreras alertando de los riesgos implícitos en la norma proyectada no supone difundir información falsa". "Consideramos que recurrir a la etiqueta de los 'bulos' es una forma burda de deslegitimar la discrepancia en democracia", apuntan.
Al hilo, recuerdan que en el marco de sus críticas a las reformas impulsadas por el Gobierno "nunca" han señalado a una "persona concreta" y reprochan que en su caso sí han sido señalados por "miembros del Ejecutivo".
En el comunicado, las asociaciones se refieren al decálogo de lo que el Gobierno considera bulos. En el mismo, sostienen las asociaciones, "se tergiversan" sus "objeciones razonadas con manipulación interesada".
SOBRE LOS JUECES AFINES
En el primer punto, apuntan, el Ejecutivo sostiene que es falso que con las reformas anunciadas busquen incluir a jueces afines al Gobierno, en concreto con la regularización de los magistrados sustitutos.
"Llama la atención que se hable de falsedades y, en el mismo texto, se insista en que el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos es una exigencia europea. Lo que se exige es acabar con el abuso de la temporalidad en el ámbito del empleo público, algo que está muy lejos de la situación actual", contestan las asociaciones.
Aclaran, al respecto, que en ningún momento han afirmado "que esos jueces y fiscales estabilizados serían afines al Gobierno". "Pero la imagen de su independencia queda tocada en contraposición a quienes accedimos a las carreras por las actuales vías para ello y que, por eso, no debemos el puesto a nadie, solo a nuestro esfuerzo y sacrificio personal", añaden.
En segundo lugar, las asociaciones se refieren al hecho de que el Gobierno califique de falso que va a desaparecer el actual proceso de oposición. El Ejecutivo, en concreto, dice que el mismo se va a hacer más exigente con la introducción de un examen escrito anónimo para los candidatos a la carrera.
"Falso que hayamos afirmado que va a desaparecer el proceso de oposición. Se modifica, y no para bien, de ahí nuestra reacción. Desde luego no lo hace más exigente, como se dice desde el Ejecutivo. Eliminar un examen teórico para sustituirlo por un supuesto práctico, en vez de prever ambos, reduce el nivel de dificultad, aumenta la subjetividad en la evaluación e incrementa el riesgo de filtraciones", critican las asociaciones.
LAS NUEVAS PROMOCIONES, "LAS MÁS PERJUDICADAS"
En el tercer punto del decálogo, según recogen, el Ejecutivo niega que la elaboración de un informe en el tercer examen suponga un proceso más subjetivo que la oposición, asegurando que lo subjetivo, en todo caso, es el sistema actual, que prevee que se canten temas elegidos por sorteo.
"El tercer examen forma parte de la proyectada oposición para el turno libre, no lo sustituye como parece darse a entender en la frase errónea que se reproduce. Puede añadirse el caso práctico sin prescindir del segundo oral, reforzando así garantía de un conocimiento conjunto del ordenamiento jurídico con una prueba práctica", opinan las asociaciones.
Las mismas también consideran, en contra de lo apuntado por el Ejecutivo, que "las nuevas promociones son las más perjudicadas". "A quienes accedan a las carreras por un concurso-oposición se les van a regalar cinco años de antigüedad a los efectos de optar a cargos discrecionales, con claro agravio comparativo respecto de quienes accedan por la oposición", denuncian.
Del comunicado se desprende, además, que el Ejecutivo descarta que la nueva ley perjudique a los opositores, asegurando que el proceso de regularización extraordinaria tiene sus propias plazas. "Reservar plazas estructurales de nueva creación a ese proceso extraordinario las hurta al turno libre y por tanto priva a los opositores de la posibilidad de optar a las mismas", contestan jueces y fiscales.
EL NUEVO CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS
Las asociaciones se refieren al hecho de que, según el decálogo que exponen, el Gobierno descarte que la reestructuración del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) busque politizar a los preparadores, sino que únicamente se utilizará como lugar para que estos puedan trabajar.
"Nadie ha demandado un lugar en el que preparar a sus alumnos, ni el proyecto contempla algo así. Parece ser una idea que habita en la cabeza de sus responsables, y ante la falta de regulación es normal que advirtamos del riesgo de que, efectivamente, dicho centro de preparación se autovalide mediante la facilitación de aprobados a quienes preparen ahí y que la selección de las plazas para preparar sea de tipo ideológico", contestan jueces y fiscales.
El comunicado responde también a la afirmación de que la retirada de financiación privada de las propias asociaciones no va a afectarles. "Imponer restricciones a la financiación de las asociaciones judiciales no es garantía de independencia, afecta la pluralidad y la libertad de expresión dentro de la carrera judicial, cuyos miembros tienen prohibida por la Constitución el acceso a mecanismos de sindicación, con todo lo que ello supone", responde.
Las asociaciones también contestan a la negación de que la reforma de la Fiscalía busque colocar al actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Nunca hemos señalado a persona concreta (...) Nuestra oposición al nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no tiene nombre y apellidos, sino que es el resultado de la preocupación de las medidas contempladas en él, entre otras las de aumentar las competencias del fiscal general (el que sea) en nombramientos, incompatibilidades y régimen disciplinario", apostillan.
Por último, jueces y fiscales responden a la negativa del gobierno de que la reforma de la Comisión de Ética del CGPJ será una injerencia del legislativo. "No se explica por qué la inclusión de miembros no judiciales en la Comisión de Ética, elegidos por los partidos políticos, aportará más conocimiento, siendo que los instrumentos internacionales de aplicación piden que las normas que rigen la ética de los jueces se arbitren con independencia respecto de cualquier autoridad política", concluyen.
