El juez de la Audiencia Nacional que investiga una presunta operativa orquestada a través de Villafuel para defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos en la que habría participado, entre otros, el empresario Víctor de Aldama, ha designado a dos funcionarios de la Agencia Tributaria para determinar "las cantidades que la mercantil pudiera haber defraudado a la Hacienda Pública".
En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado Santiago Pedraz accedió a lo solicitado por la Fiscalía, que pidió el nombramiento de dos funcionarios para que "en auxilio judicial" procedieran a la determinación de las cuotas que eventualmente hubiera podido dejar de ingresar" el fisco.
Ambos trabajadores de la Agencia Tributaria ya se encuentran realizando esas comprobaciones después de haber tomado posesión de su cargo el pasado viernes en el Juzgado Central de Instrucción Número 5. En concreto, se centrarán en determinar las cantidades Villafuel pudiera haber defraudado en el IVA a la Hacienda Pública en los ejercicios 2022 a 2024.
En su resolución, el magistrado también libró mandamiento a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que le fuera "facilitada cualquier información que sea hallada en los documentos y evidencias digitales intervenidas, y puedan tener relación con el objeto del auxilio encomendado".
El instructor detalla en el auto que Villafuel, sociedad que opera en el mercado de los hidrocarburos, "habría estado simulando transmitir el hidrocarburo de su propiedad a sociedades interpuestas cuando en realidad lo transmitía a sus clientes finales consiguiendo con dicho comportamiento defraudatorio, no ingresar las cuotas de IVA correspondientes, ascendiendo por el momento hasta los 182.513.923,15 euros".
"En el caso que nos ocupa, en el momento en que se encuentra la investigación, resulta imprescindible acometer el análisis y, en su caso, tratamiento tributario, de toda la documentación acumulada. Esta tarea debe ser realizada por expertos, que mediante sus informes aporten insumos que permitan determinar, en su caso, la existencia o no de delitos de blanqueo de capitales o de fraude fiscal", explica el juez.
EL FRAUDE DE LOS HIDROCARBUROS
En uno de los atestados se explica el esquema básico de este tipo de fraude, y los agentes señalan que todo arranca cuando la organización criminal se hace con una operadora al por mayor de productos petrolíferos.
Esta operadora va a los depósitos fiscales --donde se almacena el producto-- a comprar el combustible y en ese trámite solo abona los impuestos especiales pero no el IVA. Por ley, esa operadora solo debe mandar a la Hacienda Pública el IVA una vez que lo ha repercutido, o cobrado, a las gasolineras que le compran el producto a un precio más IVA.
Con esta base, el fraude consiste básicamente en dejar de ingresar el IVA que repercute, es decir, el IVA que recibe de las gasolineras, que son las minoristas. Y, puesto que la operadora no soporta prácticamente ningún IVA, las cantidades que deberían ingresar son cercanas a la totalidad de lo repercutido, sin embargo, no lo abonan.
Si bien este es el esquema básico del fraude, según la UCO las organizaciones criminales han ido evolucionando en su estructura y métodos por la presión judicial y policial y ahora interponen nuevas mercantiles en el esquema.
El objetivo es "perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal" y "salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones" dado que obtener ese título de operador es complicado.
