El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado en su reunión de este miércoles, 11 de junio, autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, que acuerda el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas, al entender que se ha producido con él por parte del Gobierno central una "invasión de competencias".
Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo andaluz, en la que ha anunciado dicho recurso contra el Decreto-ley 2/2025 por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
La portavoz de la Junta ha criticado que el Gobierno decidió dicho reparto de menores "sin diálogo y sin negociación" con las comunidades autónomas, que "al final somos las verdaderamente afectadas", según ha remarcado.
La consejera ha señalado que "Andalucía es una tierra solidaria, de acogida, pero no podemos hacernos cargo de los menores a capricho del Gobierno y, sobre todo, sin los medios económicos necesarios para atender a esos menores como verdaderamente merecen".
En esa línea, la portavoz de la Junta ha alegado que "hay falta de recursos económicos" e "invasión de competencias" por parte del Gobierno, y "por eso" el Ejecutivo andaluz ha decidido recurrir dicho decreto al Tribunal Constitucional "apelando al artículo 86.1 de la Constitución y al artículo 61.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía".
ARGUMENTACIÓN DE LA JUNTA
Según se subraya en la referencia del Consejo de Gobierno, el objetivo de Andalucía es "garantizar una atención digna y de calidad a los menores, tanto a los que se van a trasladar como a los que ya forman parte del sistema de protección andaluz y evitar que se vean afectados por decisiones impuestas que no van acompañadas de recursos".
Desde la Junta explican que la norma estatal modifica la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España e introduce una nueva regulación de la situación de los menores extranjeros no acompañados, su posible traslado entre las comunidades autónomas y los mecanismos de actuación ante situaciones migratorias excepcionales.
El Gobierno andaluz "pone en tela de juicio" la situación de "extraordinaria y urgente necesidad" que justifica la aprobación de este real decreto. Así, asevera que, "si bien la crisis migratoria ha estado presente durante más de un año, ya existen mecanismos legales previos, como el Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias para la Infancia y Adolescencia no acompañada aprobado en 2022", por lo que entiende que "no se justifica adecuadamente la urgencia de modificar la Ley Orgánica 4/2000".
La Junta de Andalucía considera también que el texto aprobado "extralimita las competencias estatales e invade las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores, y vulnera los principios de autonomía y solidaridad entre las regiones al imponer criterios de reparto no equitativos".
Por otro lado, el Gobierno andaluz "cuestiona la suficiencia financiera del mecanismo propuesto para compensar a las comunidades autónomas por los costes de la sobreocupación por menores extranjeros no acompañados, al establecer la creación del fondo, pero no su regulación, provocando una situación de inseguridad jurídica contraria a lo establecido por la Constitución Española".
Con la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional, la Junta de Andalucía "defiende su autonomía competencial y demanda un trato equitativo para todas las comunidades que conforman el Estado español".
Además, el Consejo de Gobierno "pone el foco en la necesidad de preservar la dignidad de los menores y garantizar sus derechos", por lo que muestra su "profundo rechazo a que se les trate como mercancía al servicio del interés político".
Por último, la Junta de Andalucía insiste en que la política migratoria, "en especial la relacionada con menores migrantes no acompañados, debe ser consensuada entre todas las comunidades y contar con financiación suficiente para evitar el colapso de los recursos de protección para el amparo de los menores, que, en el caso concreto de Andalucía, ya opera al límite de su capacidad".
UNA CUESTIÓN DE "CLARA INCONSTITUCIONALIDAD"
La portavoz de la Junta ha puesto de relieve que un gobierno del PSOE como el de Castilla-La Mancha también anunciaba este pasado martes su decisión de recurrir ante el TC dicho recurso, por lo que, en su opinión, se evidencia que no es una cuestión de colores políticos, sino de "clara inconstitucionalidad".
"Lo que no podemos permitir es que este Gobierno cargue contra unas comunidades sí y contra otras no, y que, una vez más, como siempre, libere a Cataluña y al independentismo de ese reparto de menores porque, al final, eso es lo que está ocurriendo", que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "está utilizando un drama humano, como es el de la migración de menores, para hacerle un favor a sus socios independentistas, un pago más", ha denunciado Carolina España.
La consejera, no obstante, ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz "acatará" lo que decida la justicia, porque "en esta tierra se respeta a los tribunales" y "no se ataca a los jueces", según ha aseverado, si bien ha incidido en señalar que, "si tenemos que atender un mayor flujo de menores migrantes, el Gobierno de España tiene que poner encima de la mesa los recursos económicos, los fondos y las infraestructuras necesarias para atender" a esas personas.
EL RECURSO "NO PARALIZA" LA APLICACIÓN DEL DECRETO
De igual modo, la consejera portavoz ha confirmado a preguntas de los periodistas que la interposición de este recurso de inconstitucionalidad "no paraliza" la aplicación del referido decreto, que ya está en vigor, "estemos o no a favor" del mismo, por lo que entiende que desde la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía "estarán ya trabajando en abordar las distintas cuestiones" derivadas de la aplicación del mismo.
En esa línea, la portavoz de la Junta ha señalado que "hay que cumplir" dicho decreto porque está en vigor, y el Gobierno andaluz del PP-A "cumple con la ley" y con el Ejecutivo central. "Somos leales y cumplimos con los menores", según ha aseverado Carolina España, que ha precisado que el recurso se centrará en "determinados puntos concretos" del decreto, así como ha defendido que el Ejecutivo autonómico no se va a quedar "de brazos cruzados", va a presentar dicho recurso ante el TC y a "seguir reclamando lo que entendemos que nos corresponde", según ha zanjado.
