El sindicato Docentes por la Pública ha lamentado que "cientos de centros educativos" superan los 40 grados "sin ventilación ni protección térmica", mientras que la Administración andaluza "incumple los plazos legales para garantizar entornos seguros".
Así, mediante una nota de prensa, han criticado que "Andalucía suspende en protección térmica escolar", ya que ante las sucesivas olas de calor que afectan a Andalucía desde finales de mayo, el sindicato ha denunciado públicamente la situación crítica que atraviesan "numerosos centros educativos de la comunidad".
Las altas temperaturas, que superan en muchos casos los 30 e incluso 40 grados centígrados dentro de las aulas, "dificultan gravemente el desarrollo de la actividad educativa en condiciones seguras y saludables".
Según ha criticado el sindicato, en muchos centros no existe ventilación adecuada ni sistemas de climatización activos, y tampoco se han instalado elementos básicos de protección solar como toldos, persianas o vegetación. "Esta falta de medidas está provocando mareos, golpes de calor, pérdida de atención, agotamiento físico y estrés emocional en el alumnado y profesorado, especialmente en las etapas de Infantil y Primaria", han apuntado.
El sindicato critica además la falta de implementación efectiva de la Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales en los centros educativos andaluces. La norma, vigente desde hace cinco años, establece la obligación de realizar auditorías energéticas, aplicar técnicas bioclimáticas, instalar energías renovables y garantizar el confort térmico según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
"Esta situación no es nueva ni imprevisible. Lo verdaderamente alarmante es la falta de respuesta estructural por parte de la administración, que sigue ignorando una ley que ella misma promulgó y que debía proteger al alumnado y al personal docente", ha declarado la secretaria general de Docentes por la Pública, Delia Muro.
La organización sindical denuncia que, "a día de hoy, solo un pequeño porcentaje de centros ha sido intervenido, y muchos de ellos carecen de mantenimiento operativo". La ley fijaba un plazo de seis años para completar auditorías energéticas en todos los centros y de dieciocho meses para aquellos considerados prioritarios, plazos que "ya han sido incumplidos".
"Nuestros centros no necesitan medidas improvisadas ni parches, sino planificación, transparencia y recursos. Reclamamos que se publique el calendario de auditorías y las inversiones reales previstas para cada provincia", ha añadido la responsable de organización del sindicato, Esther Padua.
Docentes por la Pública hace un llamamiento a la movilización de toda la comunidad educativa ante lo que considera una emergencia climática escolar que se repite curso tras curso. La organización exige a la Junta de Andalucía el cumplimiento de la ley y una apuesta real por una educación pública digna, segura y sostenible.
