El Ministerio de Defensa ha suspendido de funciones al teniente y al comandante investigados por las muertes del soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla); y el cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez Andújar; el 21 de diciembre de 2023 en unas maniobras en la base de la Brigada Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano, en Córdoba, según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa.
En ambas resoluciones, la Subsecretaría de Defensa decreta la suspensión de funciones de ambos militares en el Regimiento de Infantería número dos La Reina, merced a la Ley 39/2007 de la Carrera Militar y "por razón" del procedimiento judicial promovido contra ellos por el Juzgado Togado Militar Central número dos por los mencionados hechos, acontecidos durante un ejercicio de cruce de un lago.
Esta decisión del Ministerio de Defensa surge después de que a comienzos del pasado mes de mayo, el Tribunal Militar Central de Madrid estimase plenamente los recursos de apelación del sargento Castroviejo y el coronel Navarro; hasta entonces también investigados en la causa judicial; revocando respecto a ambos la decisión del Juzgado Togado Militar Central número dos de procesarles a cuenta de las citadas dos muertes en la base cordobesa de Cerro Muriano.
EL AUTO DE PROCESAMIENTO
En julio de 2024, recordémoslo, el Juzgado Togado Central Número Dos, con sede en Madrid y que indaga este caso, dictaba un auto con el que procesaba por estos hechos al capitán Zúñiga, el teniente Tato; el sargento Castroviejo, el teniente coronel Zanfaño, el comandante Velasco y el coronel Navarro.
En su auto, el Togado Central Número Dos atribuía al capitán Zúñiga, el teniente Tato; el sargento Castroviejo, el teniente coronel Zanfaño y el comandante Velasco, merced al Código Penal Militar, dos presuntos delitos consumados contra los deberes del servicio y dos delitos más del mismo tipo, pero en grado de tentativa; mientras al coronel Navarro le achacaba un presunto delito de incumplimiento de los deberes inherentes al mando.
Con relación a todos ellos, el juzgado les imponía la condición de libertad provisional, con la obligación "apud acta" de presentarse dentro de los cinco primeros días de cada mes en la sede de tal juzgado togado o ante la autoridad jurisdiccional o administrativa que se designe para ello.
Pero a comienzos de mayo, el Tribunal Militar Central resolvía los recursos de apelación las defensas contra dicho auto de procesamiento, estimando plenamente el recurso del sargento Castroviejo y revocando el auto respecto a él; al igual que sucedía con el recurso del coronel Navarro, cuyo procesamiento quedaba también revocado.
RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS
Además, el tribunal estimaba pero sólo parcialmente el recurso del teniente Tato en el sentido revocar su procesamiento exclusivamente en lo relativo a los dos delitos intentados contra los deberes del servicio; decidiendo lo mismo respecto al teniente coronel Zanfaño Hidalgo y el comandante Velasco, a quienes también eximía de tales tipos delictivos en grado de tentativa; mientras en el caso del capitán Zúñiga, su recurso de apelación resultaba también estimado parcialmente.
La representación de la familia del difunto soldado Carlos León Rico, ejercida por el abogado penalista Luis Romero, exponía que la familia no había pedido el procesamiento del sargento Castroviejo ni tenía previsto formular acusación en su contra, con lo que se mostraba "totalmente de acuerdo" con la decisión del Tribunal Militar Central de estimar por completo su recurso de apelación y revocar respecto a él el auto de procesamiento que había dictado el Juzgado Togado Central Número Dos.
EL CASO DEL CORONEL
Por contra, la representación del soldado fallecido no estaba de acuerdo con la revocación del procesamiento del coronel Navarro, considerando que el mismo "tiene la responsabilidad" de los presuntos delitos consumados contra los deberes del servicio apreciados en la causa, "aunque sea en su comisión por omisión"; sopesando así un posible recurso contra la decisión judicial y considerando en paralelo que, "efectivamente", procedía dicha revocación respecto a los delitos intentados contra los deberes del servicio.
La familia de Carlos León, recordémoslo, había pedido insistentemente el cese de los militares investigados "hasta que el procedimiento penal en el que se encuentran inmersos sea resuelto", al pesar "el enorme riesgo de que una situación similar pueda ocurrir con el final catastrófico que implica".
