La actividad judicial no da tregua en Jaén. Entre enero y marzo se registraron más de 43.000 asuntos en los tribunales de la provincia. Aunque Jaén representa solo un 5% del total de Andalucía, los datos muestran un ritmo creciente de litigios y una estructura judicial que empieza a dar signos de tensión, especialmente en materia civil.
A nivel autonómico, Andalucía vivió un trimestre récord, con un aumento del 48,8 % en los casos ingresados (más de 438.000 en total), y 159.000 asuntos resueltos, un 18, % más que en 2024. Sin embargo, también se acumulan más casos: quedaron pendientes 536.340 asuntos, un 28,6 % más que hace un año. Jaén sigue esta misma línea, aunque con menor intensidad.
En la jurisdicción penal, Jaén gestionó casi 11.000 casos, con un rendimiento similar al del resto de la comunidad. De hecho, la provincia presenta una menor tasa de pendencia penal (1,02) que la media andaluza (1,17), lo que significa que no se acumulan tantos casos en espera como en otras zonas.
En cambio, la jurisdicción civil –que incluye temas como divorcios, herencias o reclamaciones económicas– muestra una preocupante tasa de congestión del 3,91, por encima de la media andaluza (3,42). La capacidad de respuesta también es menor: en Jaén se resolvió menos de un asunto por cada nuevo ingreso (tasa de resolución de 0,63), frente al 0,73 autonómico.
Otro dato llamativo son las 28.231 ejecuciones de sentencia registradas en la provincia en solo tres meses. Aunque Andalucía en su conjunto supera las 540.000, el volumen de Jaén es alto en relación con su tamaño y número de órganos judiciales.
¿Demasiada litigiosidad en Andalucía?
El informe del Consejo General del Poder Judicial destaca que Andalucía es una de las comunidades con mayor tasa de litigiosidad de España, con 49,80 asuntos por cada 1.000 habitantes, por encima de la media nacional (40,07). Solo la superan Canarias, Madrid y Asturias. En este contexto, Jaén sigue en niveles más bajos, pero forma parte del clima de alta conflictividad judicial de la región.
Aunque Jaén no vive el desbordamiento de otras provincias como Sevilla o Málaga, los datos indican que su sistema judicial sigue bajo presión, sobre todo en áreas como lo civil y lo social. Se mantiene eficiente en lo penal, pero necesita mayor inversión y dotación para evitar que el volumen creciente de casos acabe colapsando sus juzgados.
