La Junta de Andalucía ha mostrado "su absoluto rechazo" al borrador del Real Decreto presentado por el Gobierno de España en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y que regula el procedimiento para la reubicación de los menores migrantes, ya que el Real Decreto-ley 2/2025 al que da continuidad el borrador expuesto ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por un total de once comunidades autónomas.
Así lo ha manifestado la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concha Cardesa, quien ha representado al Gobierno andaluz en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se ha celebrado de forma presencial en la sede del Ministerio de Juventud e Infancia y también por vía telemática.
El Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, fue aprobado el pasado 18 de marzo en Consejo de Ministros, con el objetivo de reformar la Ley de Extranjería para crear el mecanismo obligatorio de acogida de menores migrantes.
Un total de once comunidades presididas por el PP --Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Islas Baleares Madrid y Murcia-- han recurrido este texto ante el Tribunal Constitucional o han anunciado que lo harán.
En el caso de Andalucía, el Consejo de Gobierno acordó el pasado 11 de junio autorizar al Gabinete Jurídico para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley al considerar que "afecta a derechos fundamentales de los menores y vulnera los principios constitucionales de autonomía, solidaridad y suficiencia financiera".
La secretaria general de Familias ha tachado de "inadmisible e imprudente" que el Gobierno de España continúe con el desarrollo reglamentario de una norma ante la que casi el 65% de las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, han preparado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Para Cardesa, este intento de aprobar un nuevo real decreto que desarrolla el traslado de los menores migrantes es una muestra de la "falta de lealtad y diálogo" del Gobierno de Pedro Sánchez con las comunidades autónomas, y ha lamentado que el presidente del Gobierno "siga utilizando a los menores migrantes como moneda de cambio para mantenerse en el poder".
Además, ha vuelto a reclamar que el Ejecutivo central reconozca a Andalucía como Frontera Sur, una reconocimiento que "niega a Andalucía mientras se otorga a comunidades del norte de España", lo que supone "una tomadura de pelo para el territorio andaluz".
