El alquiler de corta duración generó un gasto directo de 5.563 millones de euros en los comercios de la España rural durante 2024, según un estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para Airbnb, que destaca que del gasto total, 3.200 millones de euros fueron canalizados directamente a actividades como restauración, ocio, cultura y comercio minorista.
En este sentido, pone de relieve que la oferta turística de los alquileres de corta duración se consolida "como motor económico clave para la España rural", con más de 13 millones de turistas en 2024 alojados en alquileres de corta duración situados en municipios de menos de 10.000 habitantes.
Los turistas internacionales jugaron un papel clave en este impulso económico, al generar un gasto de 3.874 millones de euros, más del doble que el de los turistas nacionales, que alcanzó los 1.690 millones.
Además, el perfil de consumo de los visitantes extranjeros mostró un mayor peso del gasto en ocio y actividades culturales frente al gasto en restauración, predominante entre los turistas residentes.
Por otro lado, el informe pone de relieve que el anfitrión tiene un "papel clave" como prescriptor de comercio local y que esta conexión "personalizada" convierte cada alojamiento "en una oficina de turismo de proximidad", fomentando el consumo en comercios que de otra forma "pasarían desapercibidos" para el viajero.
En cuanto a la evolución del turismo en zonas rurales, el informe revela que la disponibilidad de alquileres de corta duración ha favorecido un crecimiento del 14% en el número de visitantes respecto a años anteriores. En el caso de los turistas internacionales, el aumento alcanza el 36%, especialmente en municipios sin oferta hotelera.
También destaca que el impacto en el empleo local "es significativo", con un incremento del 4% en ocupación en sectores como la hostelería y el comercio en pueblos muy rurales. Además, calcula que la incorporación de un solo alquiler turístico por municipio podría atraer 580.000 visitantes adicionales y generar 135 millones de euros en gasto directo.
Asimismo, resalta que el alquiler de corta duración en pueblos rurales representa solo en 0,6% del parque habitacional, "lo que descarta cualquier presión significativa" sobre el acceso a la vivienda.
Con todo, pone el foco en que hay que avanzar hacia una marco normativo que "reconozca el impacto positivo del alquiler turístico rural", para lo que propone establecer zonas rurales exentas de restricciones al alquiler, facilitar el registro de las viviendas, priorizar este tipo de alojamientos en ayudas públicas para la digitalización y proponer un tratamiento diferenciado para los alojamientos ubicados en municipios con riesgo de despoblación.
El directo general de Airbnb Marketing Services, Jaime Rodríguez de Santiago, ha comentado en una nota de prensa que este estudio refuerza la necesidad de regulaciones diferenciadas entre entornos urbanos y rurales, "reconociendo el papel único de corta duración", y que para algunos pueblos esta actividad supone "una oportunidad" para activar redes comerciales y "revitalizar economía".
