El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha presentado este jueves un recurso directo de apelación en el Supremo reclamando que le deje en libertad de forma "inmediata" al considerar que no hay "indicios suficientes" en su contra, tan solo tres días después de que el instructor del 'caso Koldo' en el alto tribunal, Leopoldo Puente, le enviara a prisión provisional al considerarle el presunto cabecilla de una trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.
En un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Cerdán sostiene que se trata de "una prisión provisional adoptada sin indicios de criminalidad suficientes" y, por tanto, "incompatible con la presunción de inocencia".
Sobre los supuestos amaños de obra pública, insiste en que ejercía de "interlocutor entre el partido y el Gobierno", de ahí su "interés por varias obras en los meses y semanas anteriores a la campaña electoral, por la necesidad de desencallar algunas obras paralizadas".
Al hilo, asegura que el magistrado entendió mal la explicación que dio Cerdán en sede judicial, cuando indica en su resolución que "la obra pública no había perseguido el interés de la ciudadanía sino los 'beneficios electorales que la licitación o ejecución de aquéllas pudieran representar para su partido'".
"Cerdán explicó lo orgulloso que se sentía de haber conseguido reactivar las obras de la N-121A, una carretera en Navarra en la que morían cada año tres o cuatro personas y que desde la obra no ha fallecido nadie", replica la defensa.
A su juicio, esta valoración del magistrado evidencia que "la apreciación del instructor es en todo momento contra reo", acusándole además de asumir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra Cerdán de forma "acrítica".
RIESGO DE DESTRUCCIÓN Y MANIPULACIÓN DE PRUEBAS
En un auto de más de 40 páginas, el instructor sostuvo que hay "indicios bastantes" para considerar que Cerdán, junto al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García, "en compañía y con el auxilio de terceros, podrían haber conformado una organización criminal orientada a obtener indebidamente premios económicos por la ilícita adjudicación de obra pública".
El magistrado situó el origen en Cerdán y Koldo, que "habrían mantenido una suerte de trama, vinculada a la empresa Servinabar", pero cuando Ábalos llegó a Transportes, éste designó a García como asesor suyo, "precisamente a instancia" de Santos, "con el compartido propósito de, aprovechando la condición del ministro, canalizar indebidamente determinadas obras públicas licitadas en el marco de dependencia correspondiente al Ministerio", sobre todo en Carreteras y Adif.
"Sirviéndose del mismo método que Koldo y Santos habrían desarrollado previamente a menor escala, se procedió a la indebida adjudicación de ciertas obras, a cambio de un precio, precisamente en favor de Acciona Construcciones en UTE con terceras empresas de mucha menor envergadura", "sin que en ninguno de los casos la adjudicataria presentara la mejor oferta económica", relató.
Todo ello, se ejecutaría mediante un "reparto de papeles", conforme al cual Cerdán "se encargaba de reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas por las adjudicadas las cantidades adeudadas, las recaudaba y las hacia llegar después a Ábalos y García".
Por eso, el magistrado afirmó que "mantendría con éstos últimos una relación vertical, de cierta preeminencia, siendo el encargado en la organización de distribuir entre sus miembros los ilícitos frutos obtenidos".
De Ábalos, expuso que, "en su condición de ministro", desplegaba su "influencia", "encomendando la gestión concreta de las adjudicaciones a su asesor", quien "se interesaba personalmente, en contacto directo y frecuente con el director general de Carreteras y con la presidenta de ADIF" por las adjudicaciones.
Puente sospecha que "más personas, físicas o jurídicas, además de Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado" calculando que el "botín" podría ser al menos de cinco millones de euros.
Cree que Cerdán podría tener un "conocimiento privilegiado" de la trama por su supuesto papel principal, concretamente de circunstancias que las pesquisas aún no han logrado esclarecer, lo que le llevó a apreciar un riesgo de que pueda "ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas que pudieran existir al respecto", por el que le envió a prisión.
