Las recientes "Jornadas del Ciclo Integral del Agua", organizadas por la Administración Provincial (Diputación) y la Confederación de Empresarios de Jaén, celebradas den Úbeda, han puesto sobre la mesa la urgencia de una "transición hídrica" en la provincia, una iniciativa donde la Diputación y Acciona-Somajasa se están erigiendo como claros referentes en la gestión y planificación de este recurso vital.

Durante la cuarta edición de estas jornadas, Luis Babiano, gerente de la Asociación de Operadores Públicos de Abastecimiento (Aeopas), subrayó la necesidad imperante de esta "transición hídrica", comparándola con la transición energética, pero destacando la ausencia de incentivos económicos, fiscales y de inversión en el sector del agua. Babiano alertó sobre los fenómenos extremos del cambio climático, como sequías e inundaciones, que ya están golpeando con temperaturas inusuales y calamidades mediáticas. Informes recientes indican que tres de cada cuatro personas en el mundo han experimentado un episodio de ausencia de lluvia este año, y la sequía, que antes se circunscribía a regiones como África o el Mediterráneo, se ha convertido en un fenómeno global.

Ante este escenario, se impone un cambio de paradigma en la gestión del agua, que va más allá de las grandes infraestructuras. Se requieren sistemas robustos, planificación, inversión y anticipación, con un rol fundamental para las diputaciones provinciales en la creación de sistemas supramunicipales, como los ejemplos de Promedio, Sevilla y el propio Jaén. Babiano enfatizó que no se puede tener a las zonas rurales de Andalucía "mirando al cielo" y con pérdidas de red del 50%, lo que requiere un plan de choque. Asimismo, mencionó que los planes de sequía son herramientas de gestión de recursos e infraestructuras existentes, no para generar obras nuevas.

En este contexto, Juan Fernández, gerente de Acciona-Somajasa, detalló el enfoque de su entidad para abordar la sequía, a la que calificó como el "mayor desastre natural" con el mayor impacto medioambiental, económico y social. Este desastre conlleva consecuencias como el aumento de tarifas, la pérdida de suelo fértil, la migración de personas y la disminución de la calidad del agua potable. Fernández también señaló que las administraciones públicas con poblaciones superiores a 20.000 habitantes tienen la obligación de desarrollar planes especiales de sequía con una vigencia de seis años3.

Es importante destacar que Somajasa es una empresa mixta de ámbito provincial constituida por la Diputación Provincial de Jaén y la Empresa Acciona Agua, S.A. (quien tiene la participación mayoritaria), con destino a la Gestión Integral de los Servicios Públicos de Abastecimiento, Suministro de Agua Potable, Alcantarillado y Depuración.

Acciona-Somajasa, como ejemplo de gestión integral, aborda la sequía desde tres puntos de vista diferentes, demostrando un compromiso con la "transición hídrica" a través de acciones concretas. En primer lugar, se centra en la concienciación ciudadana, realizando campañas disuasorias del consumo con resultados "muy satisfactorios". Juan Fernández indicó que el consumo por habitante y día en Acciona-Somajasa es de 116 litros, similar a la media nacional de grandes capitales, y que ya no se observan situaciones de derroche. La concienciación ha comenzado desde la escuela, con numerosas visitas de escolares a las estaciones de tratamiento de agua potable y depuradoras.

En segundo lugar, Somajasa trabaja en la concienciación de organismos públicos. Reconociendo que las administraciones públicas consumen aproximadamente el 10% del agua de una población, lo cual es una cantidad muy importante, Somajasa ha lanzado campañas dirigidas a ellas. Desde octubre de 2022, de las siete campañas de consumo, una se destinó exclusivamente a este fin. La iniciativa busca que todos los organismos públicos revisen sus instalaciones, especialmente aquellas antiguas o cerradas, como colegios en verano, pabellones polideportivos, bibliotecas públicas o centros de salud, que son muy susceptibles de tener pérdidas de agua, sobre todo en los aseos. Gracias a estas acciones, se ha logrado reducir el consumo municipal en más de un 2% desde la primera campaña, con un descenso significativo a lo largo del año.

Finalmente, la tercera forma de gestionar la sequía es una forma propia de Acciona-Somajasa, basada en la gestión interna y la tecnología. La empresa creó el año pasado un departamento de "agua no registrada" (fugas de agua), compuesto por un ingeniero encargado de controlar diariamente todas las poblaciones para identificar lo ocurrido durante la noche. La creación de este departamento implica una inversión económica significativa. Acciona-Somajasa invertirá 7 millones de euros en los próximos 7 años exclusivamente en tecnología para el control del agua no registrada y la gestión integral del ciclo del agua, considerándolo la única manera de abordar el problema.

Juan Fernández también hizo hincapié en la gran disparidad en la gestión del ciclo integral del agua en España, donde algunas poblaciones siguen desperdiciando hasta el 50% del agua que entra en la red15. En contraste, Acciona-Somajasa se posiciona como un ejemplo de gestión "racional, técnica y transparente", vital para enfrentar los desafíos actuales y futuros.

PROBLEMAS PARA ACCIONA EN VALENCIA

Sin embargo, Acciona atraviesa una situación difícil en la Comunidad Valenciana. En otro orden de cosas, el conocido como “contrato del siglo” de Valencia ha quedado suspendido de forma automática después de que las empresas Global Omnium (Aguas de Valencia) e Hidraqua (filial de Veolia) presentaran recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). Ambas compañías cuestionan la reciente adjudicación por parte del Ayuntamiento al consorcio liderado por Acciona Agua, en alianza con Becsa y Ciclagua, para gestionar el saneamiento de aguas residuales y pluviales de la ciudad durante los próximos 15 años.

La adjudicación, por un importe de 281,2 millones de euros (IVA incluido), fue aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 6 de junio, tras una propuesta elevada por la mesa de contratación municipal en abril. Este contrato, uno de los más importantes licitados por el consistorio en años, partía con un presupuesto base de 293 millones de euros.

Sin embargo, la exclusión de la oferta más económica, presentada por la UTE compuesta por Global Omnium, Grupo Bertolín e ISG, ha encendido la polémica. Esta propuesta, que además obtuvo la mejor valoración técnica, fue descartada por los técnicos municipales al considerar que no justificaba adecuadamente su baja temeraria, al estar un 30% por debajo de la media de las ofertas.

Hidraqua, por su parte, concurrió junto a Pavasal y SAV, y quedó en segunda posición técnica tras la propuesta de Global Omnium. Al ser finalmente excluida esta última, Hidraqua vio cómo Acciona se alzaba con la victoria, lo que ha motivado también su recurso. Las dos UTEs piden ahora que el TACRC revise todo el proceso de puntuación, tanto en los precios como en los aspectos técnicos, con la intención de dar la vuelta al resultado.

Acciona, que actualmente presta este servicio aunque su contrato está vencido desde enero de 2024, mantiene su posición como adjudicataria a la espera de la resolución de los recursos. Durante el anterior mandato, dirigido por Joan Ribó (Compromís), se aplicaron varias prórrogas hasta su caducidad.

Este contrato, además, está rodeado por la sombra del caso Azud, ya que figura como eje de una investigación sobre el presunto pago de comisiones ilegales. La UCO de la Guardia Civil sospecha que en 2006 se abonaron 1,7 millones de euros en sobornos al abogado José María Corbín, cuñado de la entonces alcaldesa Rita Barberá, para facilitar la concesión.

El actual equipo de gobierno, liderado por María José Catalá (PP), sacó nuevamente a concurso el servicio en junio de 2024 mediante un procedimiento abierto al que se presentaron casi todas las grandes compañías del sector. Ahora, el futuro del contrato queda en manos de la justicia.