Las organizaciones ecologistas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife han presentado un recurso de alzada contra la autorización administrativa concedida para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. En su escrito, las entidades alegan que la empresa promotora carece de una concesión minera válida y que el expediente administrativo presenta importantes deficiencias técnicas y legales que, a su juicio, deberían haber motivado la inadmisión del proyecto desde su fase inicial.
Entre los aspectos más preocupantes señalados por las organizaciones se encuentran incumplimientos clave en los procedimientos de evaluación ambiental. Denuncian la inexistencia de una Declaración Ambiental Estratégica para el plan especial vinculado a la explotación y la omisión de la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada para la planta de tratamiento del mineral. Además, advierten que la autorización de vertidos al estuario del Guadalquivir no ha sido evaluada con la debida rigurosidad ni ha pasado por los procesos de participación pública establecidos, lo que podría contravenir la normativa estatal sobre aguas y protección de ecosistemas sensibles como Doñana.
Las organizaciones recurrentes apuntan además "al uso previsto de la corta de Aznalcóllar como depósito de residuos mineros sin haber realizado un análisis de vulnerabilidad frente a accidentes graves ni disponer de un plan de emergencia exterior, pese a que el lugar ya fue objeto de una catástrofe ambiental en 1998". Por último, alertan del "impacto sobre las masas de agua y los ecosistemas, incluidos impactos sobre la fauna y los espacios protegidos".
Con el recurso se han aportado cuatro informes técnico-científicos elaborados por personal investigador de diversas universidades andaluzas. El último de ellos, fechado el 22 de junio de 2025, analiza episodios recientes de contaminación desde el recinto minero hacia el río Agrio, asociados a las lluvias de marzo, lo que plantea serias dudas sobre el control de emisiones y el cumplimiento de la normativa de aguas incluso antes del inicio de la fase operativa del proyecto.
Las organizaciones recuerdan que el estuario del Guadalquivir es un sistema "frágil" con "alta biodiversidad", y que diversos estudios han señalado ya su "estado de contaminación" por metales pesados, así como la existencia de condiciones físico-químicas que favorecen la acumulación de contaminantes. En este contexto, cualquier nuevo vertido debe ser "evaluado con el máximo rigor y transparencia, siguiendo el principio de precaución".
Por todo ello, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife solicitan a la Junta de Andalucía que suspenda la autorización recurrida, revise el procedimiento completo con garantías y asegure que cualquier decisión sobre el proyecto se adopte conforme a la legalidad y en defensa del interés público y la protección del medio ambiente.
