Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que presuntamente obligaba a mujeres a ejercer la prostitución en pisos de Alicante para saldar una deuda. En el marco de esta operación, han sido detenidas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres de entre 23 y 56 años, y se prevé el arresto de una quinta persona en los próximos días. Dos de ellos ya han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.
La red presuntamente captaba a las víctimas en Sudamérica para que vinieran a España, bajo una falsa promesa de mejores condiciones de trabajo, y las obligaba a pagar 5.000 euros por el viaje, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.
Se descubrió que al menos una mujer estaba siendo obligada a ejercer la prostitución de manera abusiva en un piso de Alicante para saldar esa deuda impuesta de 5.000 euros por los costes de viaje y gestión.
La organización proporcionó a la víctima los billetes de avión desde su país de origen y la instruyó sobre cómo burlar los controles fronterizos en España como turista, incluso con documentación falsa, como certificados de seguro de viaje y reservas de hotel que posteriormente eran canceladas.
Una vez en España, la mujer era instalada en un piso prostíbulo donde era fotografiada para publicitar sus servicios sexuales. La red contaba con una estructura jerarquizada con "roles definidos" para cada integrante, según ha resaltado la Policía Nacional.
DEUDAS DE 5.000 EUROS Y AMENAZAS A VÍCTIMAS Y FAMILIARES
La principal responsable y líder de la organización era una mujer quien, aprovechando la situación de las víctimas, las engañaba para que vinieran a España. Ella presuntamente se encargaba de proporcionar la documentación falsa, financiar los viajes y trasladarlas a los prostíbulos.
Al parecer también controlaba a las víctimas, les imponía la deuda de 5.000 euros, supervisaba los anuncios de servicios sexuales y recibía los pagos de los clientes. También está acusada de amenazar a las mujeres explotadas y a sus familiares en el país de origen para que saldaran las deudas y evitar fugas.
Por su parte, otra mujer supuestamente se hacía cargo del piso prostíbulo y colaboraba con la líder en la explotación de las mujeres y gestionando el alquiler de habitaciones.
Asimismo, un varón era el presunto encargado de los traslados, ya que recogía a las víctimas en la estación de tren y las llevaba a los lugares donde posteriormente serían explotadas.
De la misma forma, otra mujer supuestamente gestionaba los servicios sexuales, ya que utilizaba su teléfono para publicitar a las víctimas en internet y coordinar los contactos con los clientes.
Finalmente, otro varón, pareja de la líder, al parecer se encargaba también de amenazar a las víctimas para que pagara la supuesta deuda. La Policía Nacional sospecha que este hombre también ejercía labores de seguridad para la organización.
"MULTAS" SI CAUSABAN "PROBLEMAS"
La Policía Nacional supo que la víctima viajó a primeros de abril desde Sudamérica a Madrid en avión. Al día siguiente viajó en tren hasta Alicante. Allí fue recogida por la líder y su pareja, fue llevada a un piso donde le realizaron fotos y posteriormente fue trasladada a un piso, donde era obligada a ejercer la prostitución.
En este piso había cámaras para vigilar a la víctima. Durante esta etapa fue amenazada con retirarle el pasaporte si no se "portaba bien". La víctima iba a destinar la mitad de lo que ganara para saldar la supuesta deuda y dar la otra mitad a la líder de la red, por lo que no iba a recibir ningún dinero por sus servicios.
Según ha explicado la Policía, la víctima tenía solo un día libre a la semana y existía un régimen de multas de 300 euros en el caso de que generaran "algún problema". También era obligada a borrar todas las conversaciones mantenidas con el móvil con la líder.
El total de gasto para traer a la víctima ascendía aproximadamente a mil euros. No obstante, le dijeron que había contraído una deuda de 5.000 euros que "solo podía pagar ejerciendo la prostitución".
La investigación se ha realizado de forma coordinada entre la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Alicante y de Madrid.
