La compañía eléctrica Iberdrola da un paso más en su estrategia contra el Gobierno central tras el apagón eléctrico que sufrió todo el país el 28 de abril y ha decidido llevarlo ante los tribunales, negándole la “potestad” para investigar las causas del cero eléctrico, una línea de confrontación que sigue a la negativa de la eléctrica a que se hagan públicos los datos de las centrales implicadas y que ha llevado incluso a que el propio informe del Ministerio de Transición Ecológica se presentara a puerta cerrada en la Comisión de gastos Reservados del Congreso, duramente criticado por Vox y por Podemos.
Según ha revelado el diario Público, Iberdrola presentó el pasado 30 de mayo un recurso ante la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el que “sostiene que la creación del comité para el análisis de la crisis eléctrica no cuenta con base legal” y “sugiere que los datos recabados por el Gobierno no fueron facilitados de manera voluntaria por las compañías, sino en un escenario de "coactividad””.
En el recurso, elaborado el bufete de abogados Clifford Chance, la eléctrica sostiene que la creación de dicho comité "carece de presupuesto habilitante" y de "la más elemental cobertura jurídica", argumentando que el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) formó este grupo para la gestión de una crisis "sin que se haya declarado la existencia de una situación de interés para la seguridad nacional por el Presidente del Gobierno", según recoge Público.
Iberdrola también argumenta que el CSN carece de competencias para "la creación de un órgano colegiado", que el comité no cuenta con "potestades para desempeñar las funciones atribuidas" y que su formación "se ha desvinculado de la regulación de su composición y funciones", un recurso con el que la eléctrica pretende anular el informe gubernamental realizado por esta comisión que aprobó el CSN y que la ministra para Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentó ante el Consejo de Ministros el pasado 17 de junio, recuerda el diario.
En su recurso, Iberdrola llega a acusar al Gobierno de "deslealtad" por "crear una apariencia de coactividad sin sustento legal" con el objetivo de recabar información de las empresas sobre el apagón. En su opinión, "el planteamiento es sencillamente absurdo", ya que la recopilación de datos de las operadoras eléctricas "incluso admitiendo que la colaboración sea voluntaria, supone producir efectos jurídicos frente a terceros", recoge Público.
Negativa de las eléctricas a hacer públicos los datos
El nuevo paso de Iberdrola se une a su negativa, junto con la patronal de las eléctricas (Aelēc, que aglutina a esta compañía y a Endesa y EDP), a que se hicieran públicos los datos detallados en el informe que analizaba las causas del apagón y el cruce de acusaciones con Red Eléctrica Española culpándola directamente del incidente por su gestión “temeraria y negligente” y de intentar tratar de “confundir las consecuencias del apagón con sus causas”, cuando las tensiones del sistema fueron advertidas con anterioridad, incluso con informes de la propia REE, según la acusó directamente Iberdrola.
Lo cierto es que la propia ministra Aagesen aseguró el pasado 25 de junio en el Consejo de Ministros que "solo hubo un agente que dijo claramente que la información que nos había enviado que fuera 100% de su propiedad podía hacerse pública, que fue Red Eléctrica. Por lo tanto, el informe es el resultado de esa anonimización de cada uno de los operadores que no nos permitieron hacer transparente esa información".
En el informe, el Gobierno repartía culpas entre todos los operadores, tanto REE como las empresas privadas. Aagesen explicó que hubo problemas en la planificación que hizo Red Eléctrica para ese día y también hubo problemas en la operación de las centrales encargadas de controlar la tensión que son propiedad de las compañías eléctricas. Red Eléctrica decidió dejar operativas nueve de las diez centrales disponibles para controlar la tensión, y esas nueve centrales no aportaron la suficiente potencia reactiva y no fueron capaces de amortiguar los piscos de sobretensión.
La compañía que preside Beatriz Corredor defendió la gestión de Red Eléctrica y aseguró que había suficientes recursos en el sistema, pero fueron las empresas las que incumplieron los protocolos de control dinámico de tensión. La patronal de las eléctricas, Aelec, negaba la mayor, descartando que hubiera instalaciones que se desconectaran de forma indebida y culpando directamente a Red Eléctrica, ataque que Iberdrola intensificó llamando “temeraria y negligente” a REE.
En medio del cruce de acusaciones surgieron los primeros datos que implicaban a instalaciones con nombres y apellidos. Asumidos desde el primer momento que Granada y Sevilla habían sido las localizaciones en las que se habían detectado las primeras oscilaciones, REE publicó en su informe que la planta se ubicaba en Badajoz y elDiario.es informó de que se trataba de la megaplanta Núñez de Balboa, que pertenece a Iberdrola, sin que en ningún momento la eléctrica haya negado públicamente este extremo.
El informe se explica en el Congreso pero a puerta cerrada
Hasta tal punto ha llegado la opacidad de las eléctricas en la investigación de las causas del apagón, empezando por Iberdrola, que el contenido del informe elaborado por el Gobierno tuvo que ser presentado por la ministra Aagesen el pasado 18 de junio en una reunión a puerta cerrada de la Comisión de gastos Reservados, con nueve diputados, uno por grupo, autorizados para tener acceso a material clasificado, al incluir elementos anonimizados por cuestiones de Seguridad Nacional o porque las empresas privadas lo han pedido expresamente.
Aunque Aagesen salió satisfecha tras casi tres horas de reunión, lo cierto es que Vox criticó directamente que las causas del apagón se tengan que darse a conocer en una reunión secreta, exigiendo que se haga con "luz y taquígrafos" para que la sociedad sepa toda la verdad. Y Podemos, sin asiento en esa comisión, consideró "inaceptable" que en el informe se oculten los nombres de las centrales y el de las compañías de las que son propietarias, exigiendo que se identifique a las empresas que tenían sus centrales térmicas inadecuadamente programadas el día del apagón.
