El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha decidido prorrogar "hasta mediados de septiembre, dentro de lo previsto en la propia Ley de Contratos de Servicios Públicos (LCSP)", los contratos con clínicas privadas adjudicados en julio de 2024 por 119,9 millones de euros para "respuesta asistencial durante el periodo estival y hasta que puedan realizarse los contratos basados en el acuerdo marco".
Así lo confirman fuentes del SAS a Europa Press a raíz de una información adelantada por El Correo de Andalucía. "Aunque se ha trabajado con el objetivo y el impulso de llegar a la adjudicación antes de que terminen los actuales contratos del plan de garantía sanitaria, la propia naturaleza del proceso y las garantías que conlleva lo ha hecho inviable", sostienen desde el SAS.
La Consejería que dirige Rocío Hernández ha explicado que la Junta está "pendiente" de los pronunciamientos del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarcja) sobre los recursos presentados por las empresas que han concurrido a este proceso. Como consecuencia de ello, la Administración sanitaria "está trabajando con las centrales provinciales para que prorroguen hasta mediados de septiembre" los contratos con las clínicas privadas "para dar respuesta asistencial durante el periodo estival y hasta que puedan realizarse los contratos basados en el acuerdo marco".
Según detalla la Junta, el artículo 29.4 de la LCSP "permite" que, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por incidencias derivadas de acontecimientos imprevisibles --como son los recursos interpuestos frente al Tarcja-- y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario siempre que el anuncio del nuevo contrato --en este caso el propio acuerdo marco de procedimientos quirúrgicos-- se haya publicado con, al menos, tres meses de antelación, condición que sobradamente se cumple en este caso".
El Consejo de Gobierno tomó conocimiento en febrero de 2024 del Plan de Garantía Sanitaria de la Consejería de Salud y Consumo que, en su primera fase, contaba con una inversión de 283,3 millones de euros para "reducir de manera significativa" la lista de espera quirúrgica dentro de los procedimientos garantizados (90, 120 y 180 días).
En virtud a este plan, el Gobierno andaluz inició una serie de expedientes de contratación, a modo de contrato puente, para "dar respuesta a la ciudadanía en el tiempo que marcan los decretos de garantía asistencial" en intervenciones quirúrgicas de poca complicación --cataratas, hernias, sustitución de cadera o rodilla--, para centrar los recursos de la sanidad pública en procedimientos más complejos.
