El Tribunal Supremo (TS) celebrará a las 10.30 horas del 22 de julio una vista, a puerta cerrada, para estudiar el recurso presentado por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán contra la decisión del instructor del 'caso Koldo' de enviarle a prisión provisional por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
Así lo ha acordado, en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de Apelación del TS, integrada en este caso por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, este último como ponente de la impugnación de Cerdán.
De esta forma, los magistrados acceden a lo solicitado por la defensa en su recurso de apelación, donde reclamó al Supremo que le deje en libertad de forma "inmediata" al considerar que no hay "indicios suficientes" en su contra, declarándose víctima de una "causa general".
En su escrito, Cerdán acusó al magistrado instructor, Leopoldo Puente, de adoptar una actitud "inquisitiva", "contra reo", deslizando asimismo que le habían encarcelado buscando "una confesión" al estilo del presunto conseguidor de la trama de compra de mascarillas, Víctor de Aldama.
Además, cuestionó las grabaciones realizadas por el ex asesor ministerial Koldo García entre 2019 y 2023, que constituyen uno de los principales indicios en su contra, al señalar a García como "un posible colaborador policial".
En esta línea, justificó su "interés" en las obras públicas de las que hablaba tanto con Koldo como con el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos en que ejercía de "interlocutor entre el partido y el Gobierno", especialmente "en los meses y semanas anteriores a la campaña electoral, por la necesidad de desencallar algunas obras paralizadas".
En consecuencia, negó ser "el encargado de repartir el botín", al tiempo que achacó a la "creatividad judicial" el cálculo de Puente de que la cifra total de las presuntas mordidas ascendería a los 5 millones de euros.
Igualmente, restó validez al contrato privado que le convertiría en el dueño del 45% de Servinabar, una de las empresas que se habría beneficiado de las supuestas corruptelas. Sobre esto, insistió en que, al no elevarse a escritura pública, solo surte efectos entre las partes y éstas --él y el empresario Antxon Alonso-- "lo dejaron sin efecto" porque acordaron romperlo, si bien éste no lo hizo.
EL INSTRUCTOR VE RIESGO DE DESTRUCCIÓN Y MANIPULACIÓN DE PRUEBAS
Por contra, en un auto de más de 40 páginas, el instructor sostuvo que hay "indicios bastantes" para considerar que Cerdán, junto a Ábalos y Koldo, "en compañía y con el auxilio de terceros, podrían haber conformado una organización criminal orientada a obtener indebidamente premios económicos por la ilícita adjudicación de obra pública".
El magistrado situó el origen en Cerdán y Koldo, que "habrían mantenido una suerte de trama, vinculada a la empresa Servinabar", pero cuando Ábalos llegó a Transportes, éste designó a García como asesor suyo, "precisamente a instancia" de Santos, "con el compartido propósito de, aprovechando la condición del ministro, canalizar indebidamente determinadas obras públicas licitadas en el marco de dependencia correspondiente al Ministerio", sobre todo en Carreteras y Adif.
"Sirviéndose del mismo método que Koldo y Santos habrían desarrollado previamente a menor escala, se procedió a la indebida adjudicación de ciertas obras, a cambio de un precio, precisamente en favor de Acciona Construcciones en UTE con terceras empresas de mucha menor envergadura", "sin que en ninguno de los casos la adjudicataria presentara la mejor oferta económica", relató.
Todo ello, se ejecutaría mediante un "reparto de papeles", conforme al cual Cerdán "se encargaba de reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas por las adjudicadas las cantidades adeudadas, las recaudaba y las hacia llegar después a Ábalos y García".
Por eso, el magistrado afirmó que "mantendría con éstos últimos una relación vertical, de cierta preeminencia, siendo el encargado en la organización de distribuir entre sus miembros los ilícitos frutos obtenidos".
De Ábalos, expuso que, "en su condición de ministro", desplegaba su "influencia", "encomendando la gestión concreta de las adjudicaciones a su asesor", quien "se interesaba personalmente, en contacto directo y frecuente con el director general de Carreteras y con la presidenta de Adif" por las adjudicaciones.
Puente sospecha que "más personas, físicas o jurídicas, además de Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado" y que el ex 'número tres' del PSOE podría tener un "conocimiento privilegiado" sobre ello por su supuesto papel principal, lo que le llevó a apreciar un riesgo de que pueda "ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas que pudieran existir al respecto", por el que le envió a prisión provisional.
FISCALÍA ALEGA QUE SOLO CERDÁN SABE QUIÉNES PAGABAN Y QUIÉNES COBRABAN
El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, se opuso al recurso de apelación de Cerdán en un escrito donde asumió el "impecable" auto de Puente, desgranando el "amplísimo caudal de indicios" existentes contra Cerdán.
Luzón reiteró los argumentos plasmados en la vistilla de medidas cautelares del pasado 30 de junio, asegurando que tuvo un papel "capital" en la presunta trama que le llevó a tener ese "conocimiento privilegiado" sobre la misma, incluidos asuntos aún desconocidos por los investigadores, por lo que alegó que el riesgo de "ocultar" pruebas y "condicionar" testigos persiste.
"Asumió la dirección de una organización criminal que de manera concertada y coordinada con otros consiguió, desde su alto cargo en el PSOE, secretario de Organización, penetrar en junio de 2018 en un Gobierno al que era ajeno, nada menos que en las entrañas del entonces Ministerio de Fomento, uno de los departamentos con mayor capacidad inversora, estableciendo desde el principio un eficaz y duradero sistema de cobro de comisiones por adjudicaciones públicas", afirmó.
Luzón explicó que Cerdán era fundamental "no tanto por su capacidad de dirección o jerarquía cuanto por su posición funcional en ella", ya que "se encargaría de reclamar a las constructoras las dádivas adeudadas y de repartir estas entre Ábalos y Koldo, lo que le confería una indiscutible preeminencia en la organización delictiva".
"Solo de él podemos decir que sabía quién era el responsable del pago, cuál era la cantidad que importaba la mordida, cuándo, cómo y dónde se debía satisfacer esta y quiénes eran todos los beneficiarios", subrayó, poniendo el acento en que únicamente Cerdán sabe "qué personas físicas o jurídicas pudieran ser destinatarios del botín obtenido".
Por su parte, el PP --que ejerce la dirección letrada de las acusaciones populares--, se opuso igualmente a la impugnación de Cerdán al ver "inasumible" que argumente que es víctima de una investigación prospectiva. "Cerdán es un político, pero ésta no es una causa política, es una causa de corrupción que afecta a personas con cargo político y personas sin cargo político", recalcó.
