Ecologistas en Acción ha mostrado este miércoles su esperanza de que la Audiencia de Sevilla zanje el juicio celebrado por posibles delitos en la adjudicación de la nueva explotación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis; con una condena por los delitos de prevaricación y prevaricación ambiental señalados por el colectivo como acusación popular en el procedimiento judicial; extremo que según el mismo debería conducir a la "nulidad" de todas las autorizaciones ya concedidas para la reactivación del recinto minero.
Así lo ha manifestado en rueda de prensa Isidoro Albarreal, portavoz de Ecologistas en Acción en materia de minas; después de que la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla dejase este pasado martes visto para sentencia el juicio iniciado el pasado mes de marzo, por la denuncia de Emerita Resources España por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la adjudicación de los nuevos derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, ofertados por la Junta de Andalucía mediante un concurso internacional.
Al concurso, recordémoslo, concurrieron sólo las ofertas de Minorbis, filial del grupo andaluz Magtel que pujaba con el apoyo de solvencia de Grupo México; y de Emerita Resources, perteneciente al fondo de inversión Forbes & Manhattan y que tras no ganar el concurso denunció el asunto por la vía Penal, asegurando que su propuesta era superior en lo económico; así como también por lo Contencioso Administrativo; y que en una reunión, el acusado Mario López Magdaleno, presidente de Magtel, habría dicho supuestamente que él tenía "la llave" del concurso, reclamando presuntamente a Emerita "el 15 por ciento" del negocio por "asegurar" el resultado del procedimiento.
A colación, pesa la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que desestima íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Emerita Resources contra la empresa Minera Los Frailes, sociedad de propósito creada por la alianza conformada por Minorbis y Grupo México para explotar la mina de Aznalcóllar tras hacerse con los derechos de la misma, fruto del citado concurso.
PENDIENTES DE LA SENTENCIA
En ese marco, Isidoro Albarreal ha reconocido que la resolución del juicio por la vía Penal celebrado por la Sección Tercera de la Audiencia se antoja "complicada", después de que la Fiscalía ratificase en sus conclusiones definitivas su petición de sobreseimiento de la causa al no apreciar delito ninguno, toda vez que el Ministerio Público ya había instado las dos órdenes de archivo acordadas durante la fase de instrucción de la denuncia de Emerita, órdenes ambas revocadas desde la Audiencia por la jueza Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con cargo a la Junta de Andalucía.
Eso sí, el portavoz de Ecologistas en Acción ha criticado especialmente que en el juicio, los 16 acusados no accediesen a contestar preguntas de las acusaciones y sólo aceptasen las preguntas de sus propios abogados defensores.
Los acusados, recordémoslo, son la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto, el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, responsables de Magtel, matriz de Minorbis; y los funcionarios de la Junta miembros de la comisión técnica del concurso y de la mesa de contratación.
En cualquier caso, Isidoro Albarreal ha avisado de que en el juicio ha pesado un "elefante en la habitación", que a su entender ha sido la ausencia de suficiente "protección ambiental" en el proyecto de reapertura de la mina, cerrada tras la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales pesados cuando el recinto era explotado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
"INCUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONANTES"
Y es que según ha asegurado, el mencionado concurso público promovido por la Junta para adjudicar los nuevos derechos de explotación del recinto minero debería haber sido "declarado desierto", porque tanto la oferta de Minorbis-Grupo México como la de Emerita Resources "incumplían" claramente dos de las "condiciones" recogidas en las bases del procedimiento, en referencia a la prohibición de plantear la instalación de depósitos de lodos o cúmulos de residuos líquidos tóxicos y la garantía de no afección a los espacios naturales del entorno, que son el Corredor Verde del río Guadiamar y el lugar de interés comunitario (LIC) asociado a dicho recurso natural.
Los anteproyectos de Minorbis-Grupo México y Emerita, según ha insistido Albarreal, "incumplían" tales condicionantes de carácter "excluyente", con lo que según ha asegurado, la Junta debería haber resuelto la no admisión de las dos ofertas y la declaración del concurso como desierto.
Destacando que los acusados eran conocedores de tales "incumplimientos", Isidoro Albarreal ha manifestado su deseo de que la Sección Tercera de la Audiencia declare la comisión de delitos de prevaricación y prevaricación ambiental y dicte una sentencia condenatoria, que motive a su vez la declaración de "nulidad" de los permisos y autorizaciones ya concedidos para la reactivación del complejo minero.
Al respecto, ha criticado duramente que la Junta de Andalucía concediese a Minorbis-Grupo México la última autorización minera para comenzar con el nuevo proyecto de explotación de la mina precisamente cuando el juicio seguía en curso, extremo que según ha avisado puede suponer que la Administración andaluza afronte reclamaciones de indemnización, si finalmente fuesen anulados tales permisos fruto del devenir de las decisiones judiciales que acontezcan.
