El último pleno ordinario antes de agosto, aunque queda el del estado de la ciudad del próximo lunes, ha estado salpicado por los refugios climáticos, las olas de calor y los cortes de luz que azotan varias zonas de Sevilla, en especial, los barrios más periféricos, los que se han hecho escuchar y sentir dentro y fuera del salón de plenos, con una nueva manifestación de protesta de la plataforma cívica Barrios Hartos.
En la Plaza Nueva, Juan García, portavoz de Barrios Hartos, denunciaba la “desvergüenza absoluta” que implica que haya barrios vulnerables con 12 horas de cortes de luz y cifraba en dos las muertes que se han derivado de los apagones, personas electrodependientes o con patologías graves. Y reiteraba el “agravio” que supone que abran expediente urgente por los apagones en Triana y centro cuando ni siquiera cumplen el acuerdo plenario del pasado año, movilizar equipos portátiles ante cortes de más de 30 minutos y protocolos de actuación inmediata.
García reiteraba su petición de reunión urgente con el alcalde para movilizar esos recursos y abrir expediente sancionador a Endesa, no ya por los cortes de luz en las viviendas, sino por la afección a las instalaciones municipales o los semáforos. “Ni mandan a la Policía Local cuando se apaga el del cruce del Polígono El Pino con Palmete”, se lamentaban. Además de recordar los 583 millones que ha ganado Endesa en el primer semestre, García insistía: “la diferencia está en las infraestructuras, son obsoletas y aunque sean barrios viejos, tienen que cumplir con la legalidad del siglo XXI”.
También pedían la apertura durante apagones o en olas de calor de los centros municipales como refugios climáticos. Y por ellos preguntaba el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, al alcalde, José Luis Sanz, al que acusaba de no cumplir el plan de contingencia anunciado de abrir cinco centros en varios barrios. “Lo que se anunció era de modo excepcional”, por la ola de calor de mayo, y cuando terminó “volvieron a su horario habitual”, explicaba Sanz que, no obstante, aseguraba no tener constancia de ninguna incidencia pero “lo estudiaremos y analizaremos”.
“De traca” calificaba Muñoz que no se abran los centros en barrios vulnerables y con cortes de luz, sin poder conectar respiradores y con electrodependientes. “Con su desidia e ineficacia está normalizando la situación”, le espetaba, a lo que Sanz le contestaba con las reuniones que ha tenido con Endesa y la cesión de 12 nuevos espacios para transformadores.
Los cortes de luz (Torreblanca, que debe esperar a septiembre a los refuerzos anunciados por Endesa, también reclamó su voz en el turno ciudadano) y los refugios climáticos volvieron a salir en varias de las intervenciones, especialmente en el debate la moción del PSOE para nuevas infraestructuras para el Distrito Sur, que no salió adelante, y las dos de Vox, una para crear un registro de electrodependientes y un protocolo para actuar ante apagones (con reticencias por parte del Gobierno, que la apoyó, por cómo ejecutarla) y otra para construir piscina recreativas en todos los distritos, cuando en el último pleno una de las modificaciones presupuestarias canceló la partida de una de ellas y, precisamente, para el Polígono Sur.
Entre calor y luz también hubo tiempo para el rifirrafe por la Oficina de la Maternidad, el “chiringuito antiabortista”, al aprobarse otra modificación presupuestaria para aportarle 165.000 euros desde el Servicio de Mujer al de Juventud; y para innumerables reconocimientos de crédito, con reiteradas críticas por parte de la oposición a la “improvisación” en la forma de gestionar los presupuestos municipales, y para nombrar y renombrar cuatro calles y dos glorietas, además de confirmar que la pasarela peatonal de Altadis llevará el nombre de Princesa Leonor.
Esta última tuvo el apoyo de PP, PSOE y Vox, y el voto contrario de Con Podemos-IU al no estar de acuerdo “ni en el fondo ni en la forma”. El fondo, estaba claro, la forma, que partiera de la Cámara de Comercio y de la promotora KKH sin debatirse siquiera en el Distrito Los Remedios, algo que también criticó el PSOE. “Un simple correo de la promotora ha servido para iniciar un expediente”, se lamentaba Ismael Sánchez.
También cinco parcelas privadas (en Cruz del Campo, Palmas Altas y la calle Hélice) podrán pasar de uso terciario a residencial para VPO acogiéndose al decreto de la nueva Ley de Vivienda andaluza y a esa norma era a la que le pedía Susana Hornillo (Podemos) al alcalde que se acogiera para modificar el PGOU y establecer una moratoria de los pisos turísticos, dado que a su entender las limitaciones del Gobierno no han funcionado.
Sanz le recordaba que el estudio que auditoría si ha servido o no está “a punto de concretarse” y recordaba que ya Gerencia ha pedido la cancelación de la licencia para 1.500 VUT, que han sido 1.087 las eliminadas del Registro y que se están revocando “todas” las declaraciones responsables que se usan para esas inscripciones.
El rifirrafe entre Hornillo y Sanz derivó también en cruce de acusaciones por el precio de las VPO, “sólo para ricos”, defendiendo el alcalde que el 30% del precio son impuestos, que es el Gobierno el que tiene potestad de bajarlos y de establecer ayudas, y que el precio medio en Sevilla está por debajo del de Dos Hermanas, La Rinconada y Alcalá de Guadaíra.
“Entrenúcleos, 209.000 euros; Alcalá de Guadaíra, 214.500; La Rinconada, entre 184.000 y 224.000 euros; y Emvisesa entre los 143.000 y 191.400 euros en zonas como Palmas Altas, Pítamo Sur o Su Eminencia”, decía el alcalde insistiendo que todos los ayuntamientos tenían el mismo problema con el precio de la VPO.
