Los gobiernos europeos han frenado de nuevo este viernes la petición española para que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidos como lenguas oficiales de la Unión Europea por las dudas legales y financieras sin resolver sobre el impacto que tendría tal reforma en el conjunto de la Unión Europea, a pesar de que España sostiene que ha respondido ya a "todas las dudas" expresadas por sus socios.
Así ha quedado patente en el debate de algo menos de una hora que los ministros han dedicado al asunto durante el Consejo de Asuntos Generales celebrado en Bruselas, en donde la oficialidad de las lenguas cooficiales ha chocado por séptima vez desde que España la puso sobre la mesa en 2023 con el rechazo de cerca de una decena de países y las reservas de los servicios legales del Consejo.
La discusión ha sido por momentos tensa, según han descrito fuentes europeas a Europa Press, por la opinión de países como Alemania de que la reforma en los términos en que plantea España no es compatible con los Tratados, tal y como también sostienen los servicios legales del Consejo.
Aunque España sugirió que buscaría también este viernes someter la cuestión a votación, la presidencia de turno de la UE, que este semestre ejerce Dinamarca, avisó de que no contemplaba que la cuestión se sometiera a votación este viernes, dado que persisten las dudas para un asunto que requiere unanimidad para salir adelante.
Ya antes de que comenzara la reunión, varios ministros expresaron sus dudas en declaraciones a la prensa y avisaron de que era demasiado pronto para tomar ninguna decisión, ante la falta de evaluaciones de impacto que respondieran a sus inquietudes. Las mismas reservas mostradas en público por los representantes de países como Polonia o Austria fueron repetidas en el debate a puerta cerrada, según han indicado fuentes diplomáticas.
Desde que el Gobierno pactó con Junts en agosto de 2023 defender la oficialidad del catalán en la UE como condición para la investidura de Pedro Sánchez, el asunto se había incluido hasta ahora en la agenda de otras seis reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE; cuatro bajo la presidencia de turno de España, cuando el Gobierno fijaba la agenda, una cuando la presidencia rotatoria la ejerció Bélgica y otra, con Polonia.
