El equipo jurídico de Francesco Arcuri, el padre de los hijos de Juana Rivas, ha indicado este lunes que "son innumerables los argumentos y hechos demoledores que las decenas de resoluciones judiciales de Italia y España, en ocho años de litigios" entre ambos, "dan la razón" al italiano, que tiene la custodia del menor fruto de la relación entre ellos que ha de serle entregado por la madre este martes en virtud de una resolución judicial italiana cuya ejecución ha ordenado un juzgado de Granada para su vuelta al país alpino.

En una nota de prensa de Zambrano, Ávila y Martín Abogados fechada este lunes en Granada y Carloforte (Italia), en la que el equipo jurídico de Arcuri repasa "solo algunas pinceladas de lo que recogen numerosas resoluciones judiciales firmes", consideran "llegado el momento de que se cumpla lo resuelto por los tribunales de Italia y España, que han articulado mecanismos eficaces para la protección del menor conforme al Derecho europeo".

"Porque no se puede invocar la protección del menor mientras se vulneran, una tras otra, las resoluciones dictadas precisamente para salvaguardar su bienestar", mantiene la nota de prensa firmada por los letrados Serlapo Belardi, Enrico Marcella, Enrique Zambrano y José Damián Ávila, el equipo jurídico de Arcuri en España e Italia.

"Pretender como se pretende, por determinados entornos, deslegitimar a la Administración de Justicia, por la vía de la injuria directa, sin conocer (ni querer conocer) los razonamientos de aquellas resoluciones, nos parece absolutamente lamentable", exponen para criticar que se pretenda "hacer creer que lo blanco es negro".

De este modo aluden por ejemplo a la repetición que por parte de Rivas se hace del "argumento de que el menor sea escuchado, cuando días antes de que fuera autorizado a viajar a España a ver a su madre", el pasado 6 de diciembre, aluden que se habría negado "en redondo a que el Tribunal de Cagliari (Italia) le explorara largo y tendido".

Según indica también el equipo jurídico de Arcuri, "el pequeño, que sí fue escuchado por el juez, dijo lo mismo que ha venido diciendo durante los ocho años de procedimientos: que quiere ver a su madre y su hermano en vacaciones, pero vivir con su padre en Carloforte".

En los últimos años, los hijos, el mayor de los cuales ya tiene la mayoría de edad y reside en España, "han estado permanentemente monitorizados" en Italia "por orden judicial, de dos a tres veces por semana, por los Servicios Sociales de Carloforte: psicólogos, psiquiatras, educadores escolares", entre otros, quienes "visitaron el hogar" y "determinaron con diversos informes el abuso emocional que mostraban los niños cuando volvían de pasar cada fin de semana con su madre".

Sobre el juicio pendiente a Arcuri tras las denuncias por malos tratos en el ámbito familiar, su equipo jurídico apunta que será por hechos que "ya han sido descartados en vía civil en la sentencia de febrero, y también por la Fiscalía de Menores italiana".

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN ENERO

El pasado enero la autoridad judicial suspendía en Granada de forma provisional el regreso a Italia del niño tras las vacaciones de Navidad. Lo hizo a raíz de que el menor declarara haber sufrido presuntos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre y narrara "el terror" de regresar a su lado, señalaron desde el entorno de Rivas por su parte.

Por otro lado, la Audiencia de Granada confirmaba el pasado marzo el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital granadina que acordó en febrero la remisión del expediente judicial del hijo menor de Rivas a la corte de la ciudad italiana de Cagliari para que se siguieran investigando los presuntos malos tratos que denunció que el menor habría recibido de su padre.

En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores, después de que en verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, pero reducía su pena de 5 años a 2 años y 6 meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos.