El salón de plenos fue el lugar elegido para una reunión en la que estuvieron presentes el comité de empresa, una representación de las trabajadoras y el Ayuntamiento, ausentándose la Junta al considerar que “no forma parte del conflicto”. En ese encuentro, el alcalde, José E. Fernández de Moya, trasladó su propuesta: de aquí a final de año el pago de 1,2 millones de euros (250.000 euros de fondos municipales y el resto de cantidades abonadas por la Junta que se compromete a transferirlas de forma inmediata).
Después de más de una hora, la empresa se levantó de la mesa con la propuesta bajo el brazo. El gerente de la empresa, Andrés Rodríguez, confirmó que hoy darán una respuesta sobre la propuesta o darán una contraoferta. En principio, lamentó que el plan de pago generaría un déficit de 550.000 euros hasta final de año (hasta final de año el gasto sería de 1,7 millones y el Ayuntamiento se compromete a pagar 1,2 millones). “Es insuficiente”, afirmaba, a la vez que rechazaba un esfuerzo extra, tal y como le pedían desde el Ayuntamiento pues, según él, ellos son “los que estamos haciendo el mayor esfuerzo, endeudándonos con la seguridad social y con los bancos”. En este sentido, fue claro: “Nos van a dejar en una situación de ruina y va a afectar a mis 1.300 trabajadores y a los usuarios”.
Los trabajadores mantienen su huelga, a la espera de la respuesta de la empresa. El secretario general de FSP-UGT en Jaén, Miguel Ángel Cazalilla, explicaba que con este plan de pagos se normalizaría el abono de las nóminas atrasadas dentro de siete meses. Ante esta situación, en un encuentro con la delegada de Bienestar Social, Carmen Álvarez, le reclamó un adelanto de cantidades para solventarlo en menor plazo. Sin embargo, Álvarez dijo, en declaraciones a Europa Press, desconocer si existe “legalmente” una fórmula para adelantar esa cantidad, aunque se comprometió a planteárselo a la consejera del área, Micaela Navarro, el próximo viernes en una visita que hará a la capital.
Casos dramáticos
Entretanto, continúa la huelga indefinida (los servicios mínimos atendieron ayer a 106 personas grandes dependientes) de una plantilla plagada de casos dramáticos. Como el de María Dolores Carmona, que lleva dos años y medio en la empresa y que se ha visto obligada a pedir ayuda a su familia y vender su coche para pagar las deudas.
“La situación es pésima y está llegando a unos extremos muy difíciles”, afirmaba. Su pareja está en paro y el pasado lunes se quedó sin ninguna prestación. “La familia ya no puede ayudarme más y ahora tendré que buscar otros recursos”, afirma. Lo hace a las puertas del Ayuntamiento, junto con el resto de sus compañeros, y con un espíritu reivindicativo intacto: “Si para que se solucione tenemos que acampar aquí como los compañeros de Primayor, lo haremos también”.
