Ahora bien, las fuentes vinculan esta pérdida de empleo, que se acometerá fundamentalmente a través de prejubilaciones y bajas voluntarias, a la magnitud de las integraciones que se materialicen. Así, temen que si se produce a "gran escala", la incidencia sobre el empleo "será importante", pues entrarían en juego los "bancos tradicionales".
Este 'excedente' de personal, que se enmarcaría en una nueva vuelta de tuerca para reducir la capacidad del sector, se llevaría a cabo para dibujar el nuevo mapa del sector financiero una vez destapada su exposición a la deuda pública periférica y las dudas reavivadas por los problemas de Dexia.
Los sindicatos temen que la segunda reestructuración culmine con el cierre de más de 7.000 oficinas, lo que podría afectar a más de 20.000 empleados de banca.
Desde el inicio de la reestructuración financiera, el número de empleados se ha recortado en más de 14.500, desde la cifra récord de 278.301 trabajadores alcanzada en 2008 a los 263.715 empleados de banca que había a cierre de 2010, según datos del Banco de España recogidos por Europa Press.
Los sindicatos estiman que la primera fase de rediseño del sector financiero español se ha cobrado entre 15.000 y 20.000 empleos, tras el cierre de 3.600 oficinas, y apuntan a un problema inicial: "El Gobierno no reconoció el problema a tiempo y el Banco de España le hizo la cobertura", denuncian las fuentes, que lamentan que se ha perdido "un tiempo precioso".
El gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, siempre se ha decantado por animar la reestructuración, al admitir que la crisis ha puesto sobre la mesa que el sector financiero español está sobredimensionado.
Con las integraciones acometidas en la primera fase de la reestructuración financiera, que se ha centrado en las cajas de ahorros con elevada vinculación al ladrillo, el mapa de cajas ha pasado de estar formado por 45 entidades a un total de 15, con un ajuste medio de las plantillas del 17% desde la caída de Lehman Brothers.
TIBIA REESTRUCTURACIÓN INICIAL
El coste para el Estado, a través de la inyección de capital por parte del Frob, de la última fase de la reestructuración financiera que ha culminado con la nacionalización de NCG, CatalunyaCaixa y Unnim, ha ascendido a 7.551 millones de euros públicos, si bien fuentes financieras consultadas por Europa Press lamentan que este proceso no se ha acometido "con la necesaria contundencia".
A esta ayuda pública habría que sumar además 5.838 millones de euros captados en capital privado, lo que arroja un total de 13.389 millones de euros destinados al sector, una cifra inferior a los 15.152 millones de euros calculados inicialmente, ya que la salida a Bolsa de Bankia y Banca Cívica ha permitido reducir las necesidades de capital.
Desde el Gobierno se insiste en que no son ayudas a fondo perdido, sino que se trata de préstamos que las entidades deben devolver a un tipo de interés del 12,5%.
