La Abogacía del Estado solicita tres años y tres meses de prisión para la cantante y excomponente del grupo Mecano Ana Torroja, a raíz de una presunta trama de evasión fiscal urdida en Mallorca a través de la cual habría defraudado a Hacienda más de un millón de euros. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción reclama un año y medio de cárcel para la acusada, quien previsiblemente se sentará en el banquillo después de que el juez haya decretado la apertura de juicio oral por estos hechos.

   Así lo han informado fuentes judiciales a Europa Press, que han señalado que el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcías, ha dictado el auto de apertura en el marco de esta pieza separada del caso Relámpago, centrado en la presunta canalización de dinero a través de paraísos fiscales, blanqueo de capitales y dobles ventas de solares en Cala Llamp, en Andratx (Mallorca) y supuestas estafas, todo ello en el marco de unas investigaciones que arrancaron en abril de 2007.

   La inculpada ha sido citada a declarar en varias ocasiones dentro de esta causa, después de que la Agencia Tributaria le atribuyese el impago de varias cuotas tributarias que ascenderían a más de un millón de euros.

   Inicialmente, Hacienda le achacó una deuda fiscal de 655.000 euros tras detectarse sus vínculos profesionales con el despacho de abogados Feliu de Palma, asesoría legal sobre la que pesan varias sospechas de estafa investigadas en este procedimiento. En concreto, calculó que Torroja habría defraudado una cuota de unos 475.000 euros en 2006 y unos 180.000 en 2007.

   La imputada fue por ello citada a declarar en junio de 2009 por el juez instructor, ante quien entonces se acogió a su derecho de no declarar. La cantante iba a ser interrogada en torno a las supuestas relaciones de su empresa Carlitos Way con el despacho Feliu, que según las pesquisas realizadas hasta ahora habría urdido un entramado millonario de fraude fiscal.

   Torroja pidió además la nulidad del caso y que asimismo se declarasen nulos como pruebas los registros llevados a cabo en el bufete Feliu así como los pinchazos telefónicos realizados en las investigaciones de esta supuesta trama de evasión fiscal, investigada desde abril de 2007. No obstante, el juez rechazó el recurso de quien fuese la voz de Mecano.

   Las sospechas comenzaron cuando, durante de la investigación del caso, varios de los clientes de la asesoría Feliu acabaron como imputados. Todos ellos alegaron en su descargo que eran residentes fiscales en Inglaterra y que, por tanto, no tenían obligación de declarar o pagar sus impuestos en España sobre determinadas operaciones inmobiliarias o financieras o respecto a su patrimonio.

   También Ana Torroja alegó ante Hacienda que no era residente fiscal en España y al igual que el resto de clientes de la asesoría señalaba Reino Unido como su residencia. De este modo, la cantante aparecía como supuesta implicada en abril de 2007, como administradora única de la empresa Carlitos Way, constituida en 2004 y dedicada a dar servicios en restaurantes.

   Después de que la cantante se negase a declarar, el magistrado acordó para la imputada una fianza civil de 1,8 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias de los delitos fiscales que se le imputaban hasta ese momento.

OPERACIÓN RELÁMPAGO

   La investigación judicial de la Operación Relámpago fue iniciada el pasado 26 de abril de 2007 por los Juzgados de Instrucción número 1, 11, 12 y 7, que instruyeron las diligencias relacionadas con los registros que se llevaron a cabo esa misma jornada en el bufete de abogados de Miquel Feliu en el Passeig Mallorca, en la notaría 'Herrán y Delgado Notarios' de la calle Unió y en una sucursal bancaria de la zona, todos ellos ubicados en Palma.

   Según los investigadores, el bufete Feliu se hallaba relacionado con 816 sociedades que tenían unos activos declarados por importe de 307 millones de euros.

   En septiembre de ese mismo año el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma de Mallorca denegó la petición de prisión incondicional solicitada por el fiscal Anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, y las acusaciones particulares para el abogado Miquel Feliu, principal imputado en esta causa.