El Tribunal Supremo ha absuelto al juez de Marbella (Málaga) Javier de Urquía del delito de prevaricación por el que fue condenado a una multa de 36.000 euros, pero ha confirmado la pena de dos años de prisión que se le impuso por cohecho por aceptar dinero del ex asesor urbanístico marbellí Juan Antonio Roca. 


Así lo ha acordado la sala de lo penal del Alto Tribunal, que ha confirmado también la condena a Roca a un año de cárcel por cohecho por entregar al magistrado, para la compra de una vivienda, la cantidad de 73.800 euros, han informado fuentes de este órgano judicial. 


La absolución de De Urquía por el delito de prevaricación supone la anulación de la pena de diez años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque por el delito de cohecho también fue inhabilitado por siete años y, además, condenado a pagar los 73.800 euros que recibió. 


En la vista del recurso, celebrada el miércoles, la fiscal reclamó al Supremo que confirmara en su integridad la sentencia dictada por el TSJA, que condenó a De Urquía por pedir y aceptar para la compra de su vivienda 73.800 euros de Roca a cambio de favorecerle judicialmente. 


Por su parte, el abogado del juez, Nicolás González Cuéllar, pidió la anulación de esa resolución al considerar que se causó indefensión a su cliente al no haberse suspendido el juicio y haberse practicado nuevas diligencias una vez que Roca, cambiando su versión inicial, confesó en el juicio oral haber entregado el dinero a De Urquía. 


“Fue una retractación inesperada”, consideró González Cuéllar, que achacó su confesión “a un pacto” con la Fiscalía para que se redujera su condena, a lo que la fiscal replicó que no hubo indefensión porque la declaración de Roca “es una prueba más de algo que estaba acreditado cuando se llegó al juicio oral”. Según dijo la fiscal, “la sentencia está bien motivada y razonada”. 


Mientras tanto, el abogado de Roca, José Aníbal Álvarez, pidió la absolución de su patrocinado y cuestionó las intervenciones telefónicas llevadas a cabo durante el proceso. 


Hechos probados 


La Sala de lo Civil y Penal del TSJA consideró probado que, en los primeros meses del año 2006, De Urquía, que quería comprar una vivienda en la Urbanización Azalea Beach de Marbella, encargó a su amigo el empresario francés Arnaud F. A. -quien fue absuelto- que le buscara un abogado para redactar los documentos para adquirir el inmueble. 


Antes del 16 de marzo de ese año, De Urquía pidió dinero a Roca, quien previamente había aceptado el encargo del empresario, para abonar la cantidad que se le exigía a la firma del contrato de compraventa de la vivienda, “a cambio de un trato favorable en asuntos judiciales”. 


Para favorecerle, según la sentencia, el magistrado dictó un auto por el que accedía a la petición del ex asesor marbellí de suspender cautelarmente la emisión de un programa televisivo alusivo a distintas actividades de Juan Antonio Roca, “sin diligencia probatoria alguna”. 


Tras suspender la emisión del reportaje, el 17 de marzo de 2006 Roca conversó telefónicamente con el vendedor de la vivienda y su hermano para así poder redactar las condiciones de la compra y saber el dinero que debía entregar a De Urquía “a cambio de la resolución que ordenó el cese de la emisión del programa de televisión”. 


El ex asesor llegó a confeccionar en dos documentos informáticos tanto un contrato privado de compraventa, como un recibo por el importe de una de las entregas en metálico acordadas, en concreto una de 63.000 euros. 


Una vez hechos estos documentos, Arnaud F.A. los recogió en las oficinas de Maras Asesores de Roca, donde el ex asesor entregó a De Urquía -el mismo día 17 de marzo- 73.800 euros, justo el dinero necesario para la firma del contrato de compraventa, lo que fue además anotado en sus hojas de contabilidad. 


Según recoge la sentencia, el juez aceptó dicha cantidad justo al día siguiente de haber admitido a trámite la querella sobre el reportaje presentada por Roca en su Juzgado y haber estimado su petición de suspensión cautelar de la emisión. 


Firmado ya el contrato de compraventa privado y una vez que Roca ya había sido detenido en el marco de la operación Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella, el magistrado amplió su préstamo hipotecario, pidió cambiar la forma de pago de la vivienda y dejó sin efecto la suspensión de la emisión del programa.