Así, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-Andalucía), Agustín Rodríguez, ha anunciado que apoyará la Ley de Aguas “siempre y cuando cumpla criterios fundamentales de modernización, eficacia y sostenibilidad de los recursos hídricos”, demandando además presupuestos suficientes y recursos para desarrollar el texto normativo.
Rodríguez defiende que la Administración hidráulica debe aplicar el principio de unidad de cuenca, de modo que centralicen los actos de gestión en un solo órgano administrativo así como la unificación en un gran sistema de cuenca de los distintos sistemas de explotación de recursos.
UPA-Andalucía opina que la Ley de Aguas debe permitir la modernización del 100% de los regadíos en un horizonte de 5 años; la revisión de derechos donde se incluya la revisión de oficio de las dotaciones de las concesiones de agua así como de los aprovechamientos y el establecimiento de nuevos regadíos tanto en la cuenca del Guadalquivir como en el resto de cuencas, en base a criterios de eficiencia energética, económico social y ahorro máximo de agua.
Control del agua
Asimismo, UPA-Andalucía demanda que el nuevo texto normativo permita la fijación del control del agua tanto por parte de la administración pública como mediante el autocontrol de los regantes; e impulsar la constitución de una comunidad de usuarios para una gestión combinada de los distintos usos: abastecimientos, agricultura, industria, aguas depuradas, usos recreativos...
La asociación defiende la participación de la administración pública para impulsar el Banco Público del Agua, la participación de los distintos agentes sociales y la gestión administrativa. Y demanda un régimen económico y financiero con carácter universal para establecer un canon de abastecimiento, canon de aguas superficiales y gastos de gestión.
Por su parte, la Asociación de Regantes de Andalucía, Areda, también ha condicionado su apoyo a la futura Ley de Aguas a que se garantice la modernización del 100% de los regadíos como objetivo prioritario dentro de la política hidráulica, abogando por la puesta en marcha inmediata del plan de modernización en el horizonte 2015, objetivo prioritario dentro de la política hidráulica, para lo que cree necesario que la nueva Ley de Aguas andaluza cuente “con un importante presupuesto que permita hacer frente a las obras de regulación y a la modernización de los regadíos”.
Al igual que UPA, Areda también defiende el principio de unidad de cuenca tanto a nivel administrativo como a nivel de explotación de recursos, de modo que centralicen los actos de gestión en un solo órgano administrativo y unifiquen los distintos sistemas de explotación de recursos en un gran sistema de cuenca.
Revisión de oficio
Areda también propone la revisión de oficio de las dotaciones de las concesiones de agua, que se acometerían en paralelo a la modernización, lo que debe suponer un ahorro neto. Tras el plan de modernización, se actuaría de oficio automáticamente para las revisiones de las dotaciones en todos los aprovechamientos.
Además, defiende el establecimiento de unos mecanismos de control del agua, tanto desde la Administración Pública como mediante el autocontrol de los propios regantes. En el ámbito de la participación, coinciden con UPA en la constitución de las comunidades de usuarios así como en su apoyo al nuevo instrumento que supondría la figura del Banco Público del Agua.
Reitera, al igual que UPA, la necesidad del régimen económico y financiero universal para establecer los diferentes cánones, así como apuesta por el establecimiento de un sistema de determinación de caudales y una fijación de otros usos donde se incluyan las nuevas demandas.
