Por lo pronto está sobre la mesa el calendario de protestas aprobado por las dos entidades, aunque han dado un plazo al Ayuntamiento para que reconsidere la tasación de las viviendas que se verán afectadas.
Y es que el problema no parte de la expropiación en sí, que desde el principio ha sido considerada como necesaria incluso por los directamente afectados, sino por el precio que quiere pagar el Consistorio, una constante que se repite cada vez que se pone en marcha un procedimiento expropiatorio que no suele tener en cuenta el valor del mercado. Y sobre todo lo que se tienen que gastar los expropiados en otra vivienda.
Lo que ofrece el Ayuntamiento está entre los 37.000 euros y los 16.000, lo que no da, no sólo para un piso, sino ni siquiera para pagar la entrada. Así hasta ocho viviendas que se ven afectadas, una de ellas en Buen Pastor y el resto en San Onofre.
La propuesta de los afectados y de las entidades vecinales que los apoyan es que al menos se les pague lo suficiente para comprar otras viviendas de las mismas características que las que pierden. Otra posibilidad es que al tratarse de una actuación municipal, sea el Ayuntamiento el que les proporcione una viviendas a través de la Empresa del Suelo Isleña SA (Esisa).
La protesta, sin embargo, está en compás de espera ya que los vecinos y las entidades han dado un plazo de un mes al Consistorio para que presente una oferta aceptable.
