Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, y las Cooperativas Agro-alimentarias han hecho un frente común ante el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para abordar la “profunda crisis” en la que está sumido el sector del aceite de oliva y poner en marcha una serie de medidas para recuperar la imagen del producto y la rentabilidad para el productor, entre ellas, el almacenamiento privado. El sector continúa en pie de guerra y anuncia “actuaciones más contundentes”, aunque COAG sí que mantiene el calendario de movilizaciones, entre ellas una tractorada en Jaén el 26 de mayo.

Durante la firma de un documento conjunto dirigido a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, en el que exigen que la Administración haga más presión ante los organismos europeos, los representantes del sector sí que se mostraron confiados en que el Consejo de Ministros de hoy lunes pueda aprobar el mecanismo de almacenamiento privado de aceite de oliva, con lo que su puesta en marcha podría realizarse en próximas fechas.

Las organizaciones agrarias y las cooperativas denuncian que el sector del aceite de oliva “está sumido en una profunda crisis debido al continuado descenso del precio en origen de los aceites de oliva iniciado en abril de 2008 y que ha supuesto una reducción superior al 30% hasta situarse en la actualidad en precios medios para el Virgen Extra de 1,74 euros/kg y de 1,52 euros/kg para el lampante base 2º, inferiores a los precios de referencia que desencadenan el mecanismo del almacenamiento privado (1.779 euros/kg para Virgen Extra, 1.710 euros/kg para Virgen y 1.524 euros/kg para lampantes base 2º)”.

Gran desequilibrio

Según el sector, esta evolución “negativa” de los precios “se está dando a pesar del buen comportamiento del mercado y de lo ajustado de la producción para cubrir las necesidades del consumo interior y de las exportaciones”, una situación que entienden obedece “fundamentalmente al gran desequilibrio existente en el poder de negociación entre ofertantes y demandantes debido a la enorme concentración de éstos y su estrategia de bajar sin límite el precio de la materia prima en origen”.

Este dramático descenso, “que nos ha llevado a un precio muy por debajo del umbral de rentabilidad del cultivo, no ha provocado la sensibilidad de la Administración -denuncian- en un momento en que, sin llegar a estos niveles de precio, se daban ya las condiciones para poner en marcha el mecanismo de almacenamiento privado previsto para situaciones de “grave perturbación del mercado”, negándose en aquel momento a solicitar su puesta en marcha”, denuncian las asociaciones y cooperativas.

Ante esta situación, el sector ha pedido a Espinosa la celebración de una reunión urgente en la que abordar esta situación y la puesta en marcha de una serie de medidas, entre ellas la “activación inmediata del mecanismo de almacenamiento privado, al cumplirse todos los requisitos exigidos por el Reglamento y, muy especialmente, el mantenimiento de los precios, durante más de dos semanas seguidas, por debajo de los umbrales de desencadenamiento de esta medida”.

También solicitan iniciar “de modo inminente y urgente” las gestiones para la reforma del Reglamento que regula el almacenamiento privado, actualizando los precios de desencadenamiento en al menos un 35% por encima del nivel actual, puesto que se establecieron en 1998 “en niveles que ya eran muy bajos y han permanecido invariados desde entonces, situándose muy por debajo de la rentabilidad media del cultivo”.
Las organizaciones y cooperativas apuestan por liderar en Europa y en España “la defensa de la calidad del producto y la lucha contra el fraude, mejorando los reglamentos de calidad y de seguridad e información al consumidor”, especialmente en denominaciones de productos y mezclas.

La gran distribución

Otro de los aspectos que quieren abordar es una negociación urgente “con la gran distribución que opera en España para arrancar un compromiso de defensa al sector, elevando la imagen del producto, defendiendo la calidad y la información al consumidor, y poniendo algún tipo de freno a la utilización del aceite como “producto reclamo” con más del 60% vendido como marca blanca”.

Demandan adecuar la normativa de defensa de la competencia en materia agroalimentaria para, una vez que la Unión Europea ha suprimido cualquier mecanismo de regulación, contribuir a evitar posiciones de dominio en el mercado.

Los firmantes del documento piden flexibilizar la legislación sobre Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, dotándolas de facultades que les permitan gestionar los mercados en situaciones de crisis, así como modificar, dentro de la Ley de Calidad Agroalimentaria, la Ley de Interprofesionales y la Ley de contratos tipo de tal forma que permitan el establecimiento de acuerdos y contratos de venta de productos agrarios entre la producción y la distribución o la agroindustria, con precios de referencia de compra.

En la misma línea, apuestan por establecer vez la regulación y tipificación de la práctica anticomercial de abuso de posición dominante y, dentro de la Ley de Calidad Agroalimentaria, poner en marcha un código de buenas prácticas comerciales, así como establecer políticas de apoyo a la concentración de la oferta como medida para hacer frente a la cada vez mayor concentración de la demanda.

Para establecer unas condiciones de venta del producto más justas, el sector del aceite de oliva pide implementar medidas ICO específicas que permitan obtener liquidez al sector productor y a las cooperativas, así como articular los mecanismos necesarios para hacer cumplir la ley respecto a la venta a pérdidas.

El consumo de aceite ha aumentado

La Asociación Provincial de Almazaras de Jaén (APAJ) ha asegurado que está aumentando el consumo de aceite de oliva y que éste mantiene “un ritmo ascendente”.

La asociación ha señalado en un comunicado que el incremento se acredita con los casi 100 millones de kilos de aceite de oliva vendido el pasado abril así como que desde que comenzó la campaña se han consumido casi 600.000 toneladas de aceite de oliva español.

Asimismo, según la asociación, “en abril, último mes computado por la Agencia del Aceite de Oliva, las ventas se han aproximado a los 100 millones de kilos”.

Desde noviembre de 2008 se han consumido en el mercado nacional 288.600 toneladas y se han exportado otras 280.200, de forma que en los depósitos quedan 806.800 toneladas, por lo que, previsiblemente, si sigue la tendencia, cuando se inicie el nuevo año oleícola la cantidad de aceite que quede por vender “rondará las 200.000 toneladas”.