Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en todo el territorio nacional la 'Operación Libitina', dirigida contra el cobro indebido de pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El operativo se ha saldado con 19 personas implicadas de 62 investigadas en once provincias --entre ellas, Almería, Córdoba y Málaga-- y casi dos millones de euros defraudados.
Las investigaciones comenzaron a principios de este año mediante el requerimiento de actuación a la Sección de Investigación de la Seguridad Social por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con la información obtenida de las entidades financieras a requerimiento de la Tesorería General la Seguridad Social en su condición de pagador, al haber detectado varios casos en los que seguía abonándose las mensualidades de la prestación a personas fallecidas.
Sus actuales perceptores, mediante la simulación o falseamiento de la vivencia de las personas muertas, "seguían beneficiándose de esta ayuda económica", destaca la Policía Nacional en un comunicado.
Una vez confirmada la existencia de estas irregularidades delictivas, por parte de la Sección de Investigación de la Seguridad Social se coordinó un dispositivo policial que englobaba a las provincias de Alicante, Almería, Cantabria, Córdoba, Las Palmas, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Pontevedra y Valencia, que culminó con la implicación de los investigados por delitos de fraude de prestaciones, estafa y falsedades documentales.
Así, se han revisado 27 expedientes y 62 personas han sido investigadas, de las que resultaron implicadas 19 de ellas por el fraude de 1.932.211,2 euros al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Los responsables del delito han resultado ser familiares de las personas fallecidas, siendo estos principalmente hermanos, hijos y sobrinos.
La Policía ha explicado, además, que en ciertos expedientes los causantes de la actividad delictiva se encontraban ya fallecidos, "por lo que si bien se dio cuenta al juzgado, no se ha podido tomar declaración a ningún responsable".
En todos los casos se ha realizado un informe patrimonial de las personas implicadas, con el fin de que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere oportuno, o en su caso el juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades oportunas.
CASOS
La Policía Nacional resalta el caso de una pensionista de la Comunidad de Madrid que estuvo cobrando 31 años su prestación una vez fallecida, desde marzo del año 1985 hasta octubre de 2016, con un montante total de 173.170,43 euros defraudados.
"El pago de la prestación se hacía en una entidad bancaria, en la que la hija de la fallecida estuvo domiciliando recibos ordinarios y sacando el dinero que consideraba necesario para sus gastos, engañando a la Administración de todas las formas posibles", denuncia la Policía.
"Para ese ardid solicitó diversos certificados de Fe de Vida de su madre fallecida en el Registro Civil de Madrid, entregando estos documentos posteriormente a la entidad bancaria y a la Seguridad Social, con el único fin de poder seguir beneficiándose de la pensión de su madre", añade.
En otras ocasiones entregaba fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la fallecida, junto con el suyo, con el único fin de acreditarse como persona facultada de su madre, como cuando necesitó ponerse como autorizada en la cuenta bancaria dónde se cobraba la pensión.
MOTIVOS
Entre las motivaciones más comunes se incluye, relata la Policía, la de no saber que no tenían derecho a seguir percibiendo ese dinero, que se lo habían dicho a la entidad bancaria pero como seguían cobrándolo hacían el uso del mismo, así como que "la vida está muy mal y su dinero legal no llegaba para poder mantenerse en el día a día".
"La más insólita fue la que una mujer manifestó ante los policías actuantes, cuando al ser preguntada por el motivo por el que seguía haciendo uso de la pensión de su madre fallecida, contestó que aún no había asumido el fallecimiento de su madre y por lo tanto consideraba que todavía le correspondía el cobro legal de dicha pensión", subraya la Policía.
COLABORACIÓN
Todas las mensualidades abonadas con posterioridad al fallecimiento del titular de la prestación se han reclamado a las entidades financieras donde tenían abiertas las cuentas del titular fallecido. Éstas, a lo largo de las actuaciones, han mostrado "su estrecha colaboración", valora la Policía, que ha dado como resultado la recuperación de un elevado porcentaje de los fondos abonados tras el fallecimiento del titular.
"La cuantía retrocedida, y por lo tanto recuperada para las arcas del Estado, ha supuesto un monto total aproximado de un millón de euros", apuntan las mismas fuentes.
DESARROLLO
Las investigaciones han sido desarrolladas por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal incardinada en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de la Policía Judicial-Policía Nacional, en colaboración con las Jefaturas Superiores de Andalucía Occidental y Oriental, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid, Valencia.
En las investigaciones también se ha contado con la colaboración especial de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
