Los presos -o expresos- del independentismo catalán han expuesto un manifiesto delante del Palau Robert, en el barcelonés Paseo de Gracia, donde han declarado que las elecciones catalanas del Día de San Valentín -14-F- son una “Operación de Estado”. Se basan en que se producen en una ola de pandemia y en que, aunque el gobierno catalán quería llevarlas a mayo, se celebrarán por mandato de los tribunales de justicia.
Las dos apreciaciones son electoralistas. Ni operación de Estado, ni el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha hecho otra cosa que aplicar la Constitución y las leyes electorales, a petición de entidades y personas que recurrieron la decisión del gobierno catalán. Pere Aragonés -vicepresidente, en sustitución del presidente- firmó un decreto que se publicó en Cataluña y en el BOE que decía textualmente: …”queda disuelto el Parlamento de Cataluña elegido el día 21 de diciembre de 2017….Se convocan elecciones al Parlamento de Cataluña, que tendrán lugar el día 14 de febrero de 2021”. Y se hacía porque el independentismo era incapaz de poner en marcha una sesión de investidura para elegir a un nuevo presidente. Por otra parte, la Constitución es taxativa en su artículo 115: “El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones”. La llamada Operación de Estado mejor debería titularse Operación de Estado de Derecho. Por la incapacidad del soberanismo y sólo imputable a los partidos de esa ideología. Cuando se ha querido rectificar el decreto de convocatoria electoral los tribunales no han tenido más opción que ratificar la primera decisión que era taxativa. La rectificación era una chapuza, porque el vicepresidente no tenía competencia para hacerlo.
Así las cosas, y tras el primer debate, no parece que la situación catalana vaya a desencallar fácilmente. Se moverán los votos entre los distintos bloques -sea el independentista o el unionista- pero todas las encuestas dan a entender que el bloqueo catalán continuará porque -hoy por hoy, teniendo en cuenta lo oído en campaña- los acuerdos trasversales entre partidos de distinta obediencia no parece que sea posible. Se adelantan dos candidatos - Salvador Illa y Pere Aragonés- pero no cabe descartar otros resultados porque las provincias de Lérida, Gerona y Tarragona están sobrerepresentadas en el parlamento catalán en detrimento de Barcelona, ya que en 40 años no ha sido posible, por intereses políticos, aprobar una nueva ley electoral.
