Es necesario canalizar la frustración. Las caceroladas y la multitudinaria manifestación del pasado 14F, convocada por Jaén Merece Más y a la que se sumó mayoritariamente la sociedad civil y política de Jaén no puede ser un fin en sí mismo. No ha sido la primera ni será la última, pero sí debe de dejar de ser un hito periódico de protesta baldía que los jiennenses salgamos a la calle a exigir inversiones y una convergencia clara con otros territorios. Hay que avanzar. Tras la manifestación, también masiva, la primera después de la histórica de la OCM, del 17 de junio de 2017 y su réplica seis meses después, el 17 de diciembre, poco o nada ha cambiado en Jaén. Cuatro años después el tranvía sigue parado, el Museo Íbero vacío, las autovías y el ferrocarril al ralentí o en barbecho, por no hablar de proyectos tan necesarios como la Ciudad Sanitaria o la de la Justicia, o recientemente el Plan Colce. Huelga continuar con el listado, largamente demandado y denunciado durante décadas.
El desequilibrio territorial ahoga a la mitad del país, a esa España vaciada, condenada a una lenta agonía con una única respuesta social como defensa: la emigración y la descapitalización humana y económica de los territorios. La intervención del Estado en la Economía en las sociedades capitalistas actuales no solo debe basarse en paliar los desequilibrios sociales que provoca el sistema, al más puro estilo keynesiano, que abordaba el papel de las administraciones públicas como una solución en las sociedades capitalistas de su época para evitar que estas se inclinaran hacia el socialismo. La intervención del Estado en la Economía debe abordar de forma efectiva los desequilibrios territoriales, como el que está sufriendo Jaén y toda la España vaciada.
La Unión Europea desarrolló una Política Social y Regional (PSR) para solventar estos desequilibrios territoriales. De ahí nacieron los Fondos Estructurales que pretendían corregir los déficits de las regiones más atrasadas, como los FEDER, LEADER, el FEOGA, los Fondos de Cohesión, el Fondo Social Europeo, la Política Agraria y Pesquera Común, o más recientemente, los fondos ITI o los Next Generation. Sin embargo, esta política comunitaria y estos fondos se solapan demasiadas veces con las inversiones estatales y autonómicas y ahondan en los desequilibrios por la discrecionalidad y arbitrariedad de su distribución en algunos casos, como estamos viendo en los últimos meses con la ITI de Jaén.
Según el último informe de Funcas, publicado hace unos días, ‘La despoblación de la España interior’, Jaén forma parte de las 23 provincias de Andalucía, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja que constituyen lo que se ha denominado la ‘España despoblada’ y que han perdido alrededor de la mitad de su peso demográfico, económico y laboral en los últimos 70 años. El informe detectaba, no obstante, diferencias importantes entre las 23 provincias y las dividía en tres grupos. El primero, el núcleo duro de la despoblación, que lo forman Ávila, Cuenca, León, Zamora, Salamanca, Lugo, Ourense, Segovia, Palencia, Soria y Teruel. Son las que han perdido más población, tienen menos densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, una población más envejecida y una destrucción de empleo muy fuerte. Albacete, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Córdoba y Jaén integran el grupo de las que sufrieron importantes procesos migratorios, pero no han perdido tantos empleos y mantienen una buena base de población joven, aunque del sector industrial tiene escaso peso, presentan bajos niveles de PIB por habitante y muy elevadas tasas de paro. Por último, estarían Guadalajara, Burgos, Huesca, La Rioja, Valladolid y Zaragoza, que tienen una escasa densidad de población y problemas de envejecimiento, pero un PIB per cápita por encima de la media, baja tasa de paro, elevado peso del sector industrial y la presencia de importantes núcleos capitalinos que les ha permitido una creación de empleo positiva.
Descentralización y autonomías
La configuración del Estado de las Autonomías y las transferencias de la mayoría de las competencias por parte de los gobiernos centrales, tan demandadas durante años por las comunidades, no ha hecho más que trasladar la política viciada en el desigual reparto de las inversiones de Madrid, en nuestro caso a Sevilla, de modo, que el desarrollo andaluz se ha visto polarizado principalmente por dos territorios, Málaga y la propia capital andaluza, consolidando una tendencia en la distribución de la riqueza en la que manda el peso del PIB y la demografía, por encima de factores de cohesión y convergencia económica. De ahí esa Andalucía a dos velocidades, o a tres, en el caso de territorios como Jaén.
Este desequilibrio ha llevado a otros territorios, como es el caso de León, a plantear un debate abierto sobre la actual configuración de las autonomías, habida cuenta de que tras más de cuarenta años, las diferencias entre unas zonas y otras no paran de agrandarse. El pasado 27 de diciembre, el pleno del Ayuntamiento de León, gobernado por el PSOE, aprobó por mayoría una moción a favor de la autonomía de la Región Leonesa, presentada por el grupo municipal de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y respaldada por PSOE y Podemos, con el voto en contra de PP y CS. El texto de la moción pide que se remita al Parlamento autonómico y a las Cortes Generales del Estado “el derecho a la constitución como comunidad autónoma de la Región Leonesa”, que forman las provincias de León, Zamora y Salamanca, siempre dentro del marco constitucional.
Jaén es Jaén
Más allá de las corrientes regionalistas de Andalucía Oriental, que existen desde 2008, como decía al principio, es necesario canalizar la frustración de Jaén y de todos aquellos territorios que se desdibujan en nuestro país. No se trata de una cuestión anticonstitucional, ni de atacar el Estado de Derecho. La Constitución Española en su Título VIII. De la Organización Territorial del Estado. Capítulo tercero. De las Comunidades Autónomas, recoge en el artículo 143:
1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.
2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.
Ante el inmovilismo de las administraciones centrales y autonómicas respecto a la situación en la que se encuentran Jaén y otras provincias y territorios, no sería descabellado abrir un debate serio sobre la reorganización territorial. ¿Podría ser Jaén una comunidad autónoma como Murcia, La Rioja o Navarra? ¿Qué límites legislativos existen? Habrá que consultar a catedráticos de Derecho Constitucional. En cualquier caso, y lejos de la radicalización de posturas, se trata solo de mover el avispero y usar el marco constitucional como una herramienta para alcanzar un equilibrio territorial justo, proporcionado y ecuánime. La España vaciada tiene zonas con densidades de población similares a las de Escandinavia, Islandia, la Rusia europea y ciertos territorios del norte de Escocia. Hay que canalizar la frustración y buscar soluciones para la desigualdad. Jaén es Jaén. ¿Debatimos?
