La crisis de la empresa sevillana Bademedios “preocupa” a la Junta de Andalucía, una vez que haya tenido que presentar un concurso de acreedores por una supuesta falta de liquidez. La empresa fue adjudicataria de casi 4,2 millones de euros en contratos públicos como mediadora de campañas de publicidad y, tal y como reconoce el Gobierno andaluz, “hay empresas afectadas”.
El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha contestado este jueves en el Parlamento a una pregunta de Vox relativa a los efectos de la suspensión de pagos de Bademedios. “Todos los mecanismos de la Administración han funcionado. Ahora bien, nos preocupa la situación. Hay empresas afectadas y la Justicia tiene mecanismos para resolver y desde la Junta vamos a colaborar todo lo que sea necesario”, ha indicado.
Bendodo ha argumentado que “las adjudicaciones a la esta empresa, como todas, están basadas en el respeto a la ley y a cuatro preceptos: actitud y capacidad del empresaraio para contratar, solvencia técnica y económica, la garantía del cumplimiento de prestaciones previstas en el contrato y criterios de valoración de ofertas”.
Por su parte, el diputado de Vox Benito Morillo ha explicado en el Parlamento andaluz que Bademedios “ha gestionado 16 millones de euros entre 2013 y 2021 y en los últimos dos años 4,2 millones” y que “ha dejado de pagar tres millones de euros a los medios de comunicación”. Sobre ello, Bendodo ha comentado que esta empresa de publicidad “ha recibido adjudicaciones en concursos públicos del Gobierno andaluz para distintas campañas publicitarias, también en anteriores legislaturas”.
Bademedios se encargaba, hasta el momento de presentar concurso de acreedores, de comprar emplazamientos en los medios de comunicación y, como empresa mediadora, cobraba por ello al cliente (en la gran mayoría de ocasiones organismos públicos) y luego se encargaba de procesar el pago a los medios por los servicios, según afirma en su descripción.
Esto cobra especial relevancia cuando se observa que Bademedios ha conseguido a lo largo de su trayectoria jugosos contratos con el gobierno andaluz y adjudicaciones de cientos de miles de euros y cuyos clientes finales, medios de comunicación ante los que ejercía de mediador, ahora se encuentran que no pueden cobrar por su trabajo.
